En los últimos días la opinión pública colombiana ha girado en torno a un escándalo que mezcla filtraciones digitales, vinculaciones entre altos oficiales y funcionarios de inteligencia, y medidas disciplinarias por parte de entidades estatales. Uno de los núcleos de la polémica es la pregunta que muchos se hacen: ¿fue Wilmar (Wílmar) Mejía quien recomendó al presidente Gustavo Petro reintegrar al general (r) Juan Miguel Huertas al servicio activo del Ejército? Las versiones públicas, las mismas fuentes oficiales y los reportes periodísticos permiten reconstruir un relato con matices, contradicciones y acciones institucionales en curso.
Qué dijo Wilmar Mejía
Wilmar de Jesús Mejía —director de Operaciones o Directivo en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), según diferentes reseñas— ha reconocido públicamente que conoce al general Huertas y que, en algún momento, “abogó por él” para su regreso tras el retiro que sufrió el oficial en 2021. Esa afirmación aparece en entrevistas y reportes donde Mejía explica cómo se dio su relación y el papel que desempeñó al presentar o respaldar la idea de la reincorporación. Esta versión fue recogida por medios nacionales que cubren las declaraciones y versiones oficiales.
Origen del escándalo: archivos y mensajes de alias “Calarcá”
El episodio que detonó la investigación fue una publicación periodística que asoció comunicaciones y archivos incautados a la red de la disidencia liderada por alias “Calarcá” con menciones a funcionarios y oficiales. Según estas investigaciones (que citan correos, chats y capturas recuperadas de dispositivos incautados en operativos), hay registros en los que se menciona al general Huertas y en los que se alude a propuestas de negocios y facilidades logísticas. Los medios que publicaron las revelaciones sostienen que esa documentación motivó indagaciones fiscales y disciplinarias.
Respuestas oficiales: negaciones y acusaciones cruzadas
Frente a las publicaciones, el general Huertas ha negado rotundamente cualquier vínculo con grupos armados ilegales y ha afirmado que no existe colaboración con disidencias. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha definido las versiones como “falsas” y ha acusado, en sus declaraciones públicas, de injerencia o manipulación de inteligencia externa, mencionando incluso a la CIA como instigadora de supuestas campañas para “purgar” personas de su Gobierno. Estas reacciones muestran que el caso adquirió además una dimensión política y diplomática, con reclamos y contra-reclamos desde el Ejecutivo.
Investigaciones y medidas administrativas
Ante la gravedad de las publicaciones, la Procuraduría General de la Nación inició indagaciones y, en los días recientes, anunció medidas cautelares: la suspensión provisional tanto del general Juan Miguel Huertas como del funcionario de la DNI, Wílmar Mejía, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias. Simultáneamente, la Fiscalía y el Ejército han indicado que existen líneas de investigación —penales y disciplinarias— para establecer responsabilidades, y el Ministerio de Defensa ha señalado que acatará las decisiones de las autoridades competentes.
Contexto institucional y político
El caso no es aislado: llega en un momento de alta sensibilidad sobre la relación entre el Estado, las fuerzas armadas y bandas disidentes. Huertas fue retirado en un gobierno anterior y reincorporado en el actual —hecho que ya había generado debates sobre criterios de reintegro y el papel de las autoridades civiles en las decisiones militares—. Por su parte, Mejía ha sido objeto de cuestionamientos por su rápida ascensión desde posiciones como informante hasta cargos de alto rango en la DNI, lo que añade ruido a la discusión sobre procesos de nombramiento y contralor en organismos de inteligencia. Además, hay interés de actores internacionales y de aliados diplomáticos en el esclarecimiento de los hechos.
Lo que está por resolverse
A la fecha, la evidencia publicada por medios proviene de documentos recuperados en operaciones contra la disidencia de “Calarcá”; sin embargo, el proceso judicial y disciplinario aún debe determinar la veracidad, autenticidad y alcance de esos archivos, y si en efecto constituyen pruebas de conductas punibles o si hay interpretaciones alternativas. Las autoridades competentes (Fiscalía, Procuraduría, Ejército) son las llamadas a revisar cadenas de custodia, contextos y responsabilidades, y cualquier conclusión tendrá consecuencias penales, disciplinarias y políticas.
Qué significa esto en la práctica
- La afirmación de que Mejía “abogó” por Huertas está documentada en declaraciones periodísticas, pero no equivale por sí misma a una prueba de irregularidad; es una pieza más dentro de un rompecabezas que incluyen chats y documentos incautados.
- Las medidas provisionales (suspensiones) buscan asegurar la transparencia del proceso, no suponen una condena inmediata; son temporales mientras se esclarece la información.
- Si las investigaciones confirman filtraciones de inteligencia o complicidades, las implicaciones serían muy graves, pues afectarían confianza institucional, cooperación internacional y el control sobre actores armados.
Conclusión
La respuesta breve es: Mejía ha dicho que respaldó el retorno del general Huertas, pero ese dato forma parte de una investigación mayor, que incluye documentos publicados por la prensa y diligencias abiertas por procuraduría, fiscalía y las mismas Fuerzas Militares. En este momento prevalecen la indagación y la prudencia institucional: las autoridades deben establecer responsabilidades con base en pruebas y procedimientos, no sólo en publicaciones. La noticia seguramente seguirá en desarrollo en las próximas horas y días, y cualquier conclusión definitiva dependerá del resultado de las investigaciones oficiales.
