Estados Unidos ha intensificado recientemente su estrategia diplomática y económica frente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, en lo que parece ser el inicio de una nueva etapa de presión multilateral. Según fuentes del Departamento de Estado, se están coordinando acciones con aliados regionales y europeos para reactivar sanciones previamente flexibilizadas, debido al incumplimiento de los compromisos electorales asumidos por Caracas. Entre las medidas que se contemplan están restricciones financieras adicionales, revocación de licencias a empresas extranjeras que operan en el sector petrolero venezolano y nuevas resoluciones ante la OEA y la ONU para denunciar violaciones de derechos humanos.
El endurecimiento de la postura estadounidense también busca fortalecer a la oposición democrática y exigir condiciones justas para las elecciones presidenciales de 2025, en las que Maduro aspira a reelegirse pese al rechazo internacional. Sin embargo, voceros del gobierno venezolano han calificado estas acciones como “injerencistas” y advierten que responderán con mayor acercamiento a aliados como Rusia, Irán y China. Mientras tanto, el pueblo venezolano continúa en medio de una crisis económica crónica, con millones migrando y un aparato institucional cada vez más debilitado. La comunidad internacional observa con atención el rumbo que tomará esta renovada ofensiva diplomática.
