La reciente tentativa de robo de una camioneta blindada en el norte de Bogotá ha dejado al descubierto una alarmante vulnerabilidad en la seguridad de la ciudad. Dos individuos, haciéndose pasar por policías, intentaron perpetrar el asalto, generando consternación entre los ciudadanos. Sin embargo, lo que resulta aún más preocupante es la facilidad con la que los delincuentes acceden a uniformes de la Policía Nacional.
Un video viral en redes sociales mostró el incidente, donde los impostores, tras hacerse pasar por agentes de la ley, fueron embestidos por el vehículo que intentaban robar. El conductor, un empresario chino con 150 millones de pesos a bordo, se resistió al asalto, frustrando el plan delincuencial. La audaz reacción del empresario destacó, pero la atención se centra ahora en la adquisición sin restricciones de uniformes policiales por parte de criminales.
Una investigación de Red+ noticias revela que en el centro de Bogotá es posible comprar uniformes policiales a precios accesibles, desde los $100.000 hasta más de un millón de pesos, dependiendo del rango. Sorprendentemente, cerca de la Casa de Nariño, la sede presidencial, se pueden encontrar estos uniformes, originalmente de uso exclusivo de las autoridades, en manos de particulares.
La venta ilícita de uniformes policiales es una amenaza latente que puede facilitar acciones delictivas. Los precios varían, desde $15.000 por una camisa licrada hasta $350.000 por una chaqueta reflectiva, permitiendo a los delincuentes replicar la apariencia de las fuerzas de seguridad. La disponibilidad en tiendas físicas y plataformas digitales agrega un nivel adicional de preocupación.
La legislación colombiana, según el Código Penal en su artículo 346, establece penas severas para aquellos que utilicen ilegalmente uniformes e insignias de la fuerza pública. Sin embargo, la aplicación de estas leyes parece ser insuficiente para frenar el acceso a estos elementos por parte de criminales.
Es imperativo que las autoridades refuercen las medidas para prevenir la venta ilegal de uniformes policiales. El Departamento de Policía de Cundinamarca, encargado de expedir los permisos para accesorios y prendas de uso exclusivo, debe fortalecer los controles y garantizar que solo aquellos con la debida autorización tengan acceso a estos elementos.
La seguridad de la sociedad depende en gran medida de la confianza en las instituciones encargadas de mantener el orden. El acceso descontrolado a uniformes policiales socava esta confianza y crea un escenario propicio para la perpetración de delitos. Es responsabilidad de las autoridades abordar esta vulnerabilidad de manera urgente y efectiva para garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.
