Los concejales Marisol Gómez (Nuevo Liberalismo) y Diego Laserna (Alianza Verde), hicieron una denuncia bastante alarmante respecto a una de las empresas a las cuales fue adjudicada la construcción del cable aéreo de San Cristobal.
Ambos concejales han venido haciendo un estricto seguimiento con los incumplimientos e irregularidades en los contratos de las obras por valorización.
La empresa a la cual se refieren los concejales es la firma Alca Ingeniería la cual tiene un 8,02 % de participación en la unión temporal del Cable San Cristobal, ganadora de la licitación para la contrucción del cable aéreo al sur de Bogotá.
Las otras tres empresas que conforman esta sociedad son Doppelmayr Colombia (59,9 %), CYG Ingeniería y Construcciones (24,06 %) y Proyectos Ingeniería Proing S. A. (8,02 %). Este contrato tiene un valor total de $341.838 millones.
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Alca Ingeniería hace parte del Consorcio Autopista Norte en donde tiene una participación aproximada del 25 %.
Este proyecto fue adjudicado en junio del 2020 y se le adjudicó la construcción de los andenes de la Autopista Norte.
Dicho proyecto tiene hasta el día de hoy un cumplimiento del 41 % y ha tenido dos prórrogas generando retrasos en las fechas de entrega estipuladas en un inicio, pues ahora según el IDU, se prevé que la entrega se realice en enero del 2024.
Otro de los argumentos que tienen los concejales es que Alca ha presentado diferentes percances en los proyectos en los que ha sido partícipe, entre ellas la suspensión de la megaobra para el mejoramiento del corredor vial Popayán-San José de Ismos. Ese contrato tuvo que ser suspendido por 11 meses porque uno de sus socios era la firma ICM ingenieros, inhabilitada por el escándalo de Centros Poblados.
Marisol Gómez hizo una crítica afirmando que constructoras con antecedentes de incumplimientos y mala calidad de las obras sigan pasando los filtros y las evaluaciones del IDU en los procesos licitatorios del Distrito.
“Las empresas con antecedentes de incumplimientos o mala calidad de las obras deberían quedar automáticamente inhabilitadas para participar en otras licitaciones, ya sea de manera independiente o como parte de un consorcio”, señaló Gómez.
Por su parte, Diego Laserna hizo un llamado de atención al IDU frente a la responsabilidad que tiene en la supervisión del cumplimiento de los contratos.
“El IDU debe ser más riguroso en el seguimiento a los contratistas para que cumplan con los cronogramas y, si incumplen, se tomen las medidas correspondientes”, Diego Laserna.
Además aseguró que Bogotá no puede seguir reciclando aquellos contratistas que le quedan mal a la capital.
El cable aéreo San Cristóbal tendrá una extensión de 2,8 kilómetros, 17.800 m² de nuevo espacio público y tres estaciones: la estación de transferencia del 20 de Julio, La Victoria y Altamira.
Mejorará la movilidad de más de 400.000 personas que habitan el suroriente de Bogotá. Su construcción contribuye a la movilidad sostenible, multimodal y responde a una necesidad de los residentes de esta zona.
Su capacidad permitirá movilizar 4.000 personas hora/sentido en 144 cabinas, durante un tiempo estimado de 10 minutos por cada recorrido, reduciendo en más del 72 % el tiempo de viaje que hoy en día es de más o menos 35 minutos.
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