Este jueves 14 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá a puerta cerrada para definir si la investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 continúa o se archiva. Los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) lideran la ponencia, en la que sostienen que sí hubo violación de topes de gasto y que deben aplicarse sanciones. Votación clave en el CNE definirá el futuro de la investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro.
La sesión, que reunirá a los nueve magistrados de la sala plena, llega en medio de un ambiente de tensión política. El expediente no involucra directamente al presidente, ya que la Corte Constitucional determinó que solo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede investigarlo. El debate se centrará en el alcance legal de los tiempos y la validez de las pruebas presentadas.
El debate por los tiempos de la investigación
La ley establece un plazo máximo de tres años para que el CNE investigue irregularidades en campañas electorales. Para sectores del Pacto Histórico, ese término ya venció y no hay margen legal para una decisión de fondo. Alegan que la investigación nunca se suspendió formalmente y que cualquier intento de continuar sería ilegal.
En cambio, Ortiz y Prada aseguran que el proceso tuvo pausas institucionales que deben contabilizarse, lo que mantiene vigente la facultad del CNE para fallar. Su ponencia incluiría este argumento, además de las conclusiones sobre la presunta violación de los topes de financiación. Antes de votar sobre el fondo, la sala plena deberá resolver recusaciones contra algunos magistrados.
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Escenarios tras la votación
Si el CNE aprueba la ponencia de Ortiz y Prada, la defensa de la campaña podría acudir a las altas cortes para intentar frenar cualquier sanción. No sería la primera vez: en el pasado, la Corte Constitucional limitó el alcance de las pesquisas del CNE en este caso.
Si el caso se archiva por vencimiento de términos, la oposición podría acusar al organismo de debilitar los controles al financiamiento electoral. Cualquiera que sea la decisión, la votación marcará un precedente clave sobre cómo se interpretan los plazos y las facultades del CNE en investigaciones de alto impacto político.