Una nueva controversia sacude el panorama político de Villavicencio tras la decisión del alcalde Alexander Baquero de entregar, por un periodo de 10 años, la operación del servicio de patios y grúas a una empresa privada, dejando por fuera a Alborada, entidad 100 % pública. El hecho fue denunciado por el concejal Gustavo Basto, quien aseguró que la administración actuó de espaldas a los intereses ciudadanos.
Empresa
La concesión fue adjudicada a Movilidad y Transporte de Colombia S.A.S., empresa que ya operaba el servicio desde 2017 mediante prórrogas. Según Basto, el contrato compromete los recursos del municipio y priva a la ciudad de fortalecer su patrimonio público, al relegar a Alborada, que había presentado una propuesta técnica y operativa viable.
El concejal también cuestionó el modelo financiero: mientras la firma privada recibiría el 73 % de los ingresos más de 34 mil millones de pesos, el municipio solo obtendría un 26 %. Este reparto, calificado como desigual, generó alertas sobre la sostenibilidad del contrato y los intereses detrás de su aprobación.
Desde la administración, se argumentó que la privatización garantizaría eficiencia y neutralidad política. Sin embargo, sectores de oposición insisten en que se hipotecó un servicio estratégico sin un debate público suficiente. La decisión profundiza la tensión entre el gobierno local y la bancada que defiende lo público en el Concejo.
