Andrés Hurtado recuperó margen político tras el giro de la Procuraduría en el proceso disciplinario.
La política del Tolima volvió a moverse tras conocerse una decisión de la Procuraduría General de la Nación que modifica el panorama jurídico del exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera. El organismo habría dejado sin efecto la sanción disciplinaria que en primera instancia había impuesto contra el exmandatario, relacionada con una presunta participación indebida en política durante la campaña electoral de 2023.
El proceso se originó por hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2023, cuando Hurtado todavía estaba al frente de la Alcaldía de Ibagué. Según la investigación disciplinaria, un evento presentado inicialmente como institucional habría terminado convertido en un espacio de respaldo político para Johana Aranda, quien para ese momento aspiraba a la Alcaldía de Ibagué.
En primera instancia, la Procuraduría concluyó que el entonces mandatario había desconocido la prohibición constitucional de intervenir indebidamente en política. La conducta fue considerada una falta gravísima cometida a título de dolo y derivó en una sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. La misma determinación cobijó a Leidy Gómez García, quien ejercía como secretaria de Atención al Ciudadano.
La defensa de Hurtado presentó recurso de apelación y cuestionó las conclusiones de la primera decisión. El abogado Juan Carlos Novoa sostuvo durante el trámite que existían elementos para controvertir la valoración realizada por el Ministerio Público y pidió que el caso fuera revisado en segunda instancia.
Con la determinación de segunda instancia, el expediente tomó un nuevo rumbo. La sanción inicial quedó sin efecto, según la información conocida, aunque todavía resulta necesario revisar en detalle los argumentos jurídicos utilizados por la Procuraduría para modificar o revocar la decisión anterior.
El caso había generado especial atención en el departamento debido a las aspiraciones políticas de Hurtado y a su intención de continuar participando en escenarios electorales del Tolima. La sanción inicial había puesto en duda su posibilidad de buscar nuevos cargos de elección popular.
Ahora, el panorama cambia y vuelve a abrirse la discusión sobre su futuro político. La decisión disciplinaria deberá ser examinada a partir de sus fundamentos, especialmente para determinar el alcance exacto de la revocatoria y sus efectos frente a la situación jurídica del exmandatario.
El episodio también deja nuevamente sobre la mesa el debate alrededor de la participación de funcionarios públicos en escenarios electorales y los límites que establece la Constitución frente a la utilización de espacios institucionales durante campañas políticas.
Mientras se conocen mayores detalles del fallo, la decisión representa un nuevo capítulo en un proceso que comenzó con una fuerte sanción y que, tras la apelación presentada por la defensa, terminó dando un giro en segunda instancia.
