Redacción Extra
La comunidad beneficiaria del proyecto de vivienda de interés social Balcones de Camino Real, en el sector La Hormiga, levantó su voz frente a lo que consideran una “falta de voluntad política y transparencia por parte de la actual administración municipal”, liderada por el alcalde Carlos Plata. Más de210 familias beneficiadas con planes de vivienda durante el gobierno anterior viven con creciente incertidumbre ante los rumores de posibles modificaciones en el listado oficial de beneficiarios.
Denuncia
En las últimas horas, un grupo significativo de ciudadanos asistió al espacio institucional «Recuperando a Acacías«, con la intención de dialogar directamente con el alcalde y exponer su preocupación por la aparente paralización del proyecto. Sin embargo, denuncian que fueron recibidos con molestia por el secretario privado Mario Pedroza, a quien califican como autoritario y poco dispuesto al diálogo, lo que consideran un reflejo de la postura general del gabinete frente a un tema de alto impacto social y político.
La comunidad señala que ha agotado todos los canales institucionales para ser escuchada: han enviado derechos de petición, correos electrónicos y solicitado audiencias sin obtener una respuesta concreta. Este silencio administrativo ha encendido las alarmas en un sector que considera que “se están tomando decisiones políticas sin consultar a los afectados”. Pese a la tensión, el alcalde se comprometió públicamente a recibirlos en la Alcaldía, y los beneficiarios convocan a una asistencia masiva y organizada para exigir el respeto a lo ya adjudicado mediante resolución legal.
Favorecidos
Más allá de los aspectos técnicos, los ciudadanos advierten que el problema es político. Denuncian que hay una intención de reconfigurar el proyecto bajo criterios discrecionales, posiblemente para favorecer a aliados de la administración actual o para deslegitimar decisiones tomadas por el gobierno anterior. Esta percepción se ha visto reforzada por comentarios en redes sociales que exigen revisar los perfiles socioeconómicos de los beneficiarios, insinuando que algunos serían funcionarios públicos o allegados al antiguo mandatario, y que se requiere “limpiar” las listas. “Estos proyectos se prestan para corrupción, y no pueden convertirse en botines políticos”, expresó un usuario.
Frente a esto, los denunciantes insisten: no están en contra de la transparencia, sino de la arbitrariedad política. Exigen que se respete el principio de continuidad administrativa y que “se priorice la necesidad real de las familias sobre los intereses partidistas”. Además, denuncian la paralización de las obras y la falta de información clara como síntomas de una administración que no ha querido asumir con responsabilidad política la ejecución del proyecto.
