Sala penal confirma suspensión por presuntas licencias irregulares.
La polémica urbanística que rodea un proyecto de viviendas campestres en zona de expansión cercana al Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla escaló a su punto más crítico. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá dejó en firme la suspensión provisional de las actividades de construcción y comercialización, al advertir posibles irregularidades en la expedición de la licencia.
La medida cautelar fue solicitada por la Aeronáutica Civil, que cuestionó la legalidad de la Resolución No. 15001-2-24-0529 del 18 de diciembre de 2024, mediante la cual la Curaduría Urbana No. 2 de Tunja autorizó a la Constructora Project Group S.A.S. a desarrollar el proyecto. Según la entidad aeronáutica, el permiso habría sido otorgado sin el concepto técnico obligatorio y permitiría intervenir un área que presuntamente se superpone con un predio de uso público adscrito al aeropuerto.
En primera instancia, el Juzgado Sexto Administrativo de Tunja decretó la suspensión provisional. La decisión fue apelada, pero el Tribunal la ratificó en segunda instancia tras valorar estudios técnicos que evidenciaría riesgo para bienes aeroportuarios y la operación aérea. Además, el alto tribunal advirtió que el avance de las obras podría generar efectos de difícil reversión si más adelante se declara la nulidad del acto administrativo.
Sin embargo, pese a la orden judicial en firme, sectores jurídicos denuncian que las actividades constructivas no se habrían detenido en su totalidad, lo que abre un nuevo frente de controversia sobre el cumplimiento de decisiones judiciales.
Paralelamente, la Alcaldía de Tunja adelanta un proceso adicional y solicitó investigar a la Curaduría ante la Superintendencia de Notariado y Registro, al considerar que las licencias se habrían expedido sin plan parcial y sin los permisos exigidos para urbanizar suelo de expansión.
El caso pone en entredicho el control urbano en la capital boyacense y plantea un interrogante de fondo: si existe una decisión judicial definitiva, ¿por qué la obra continúa? La discusión ya no solo es técnica, sino institucional, y compromete la credibilidad del sistema de licenciamiento y la autoridad encargada de hacerlo cumplir.
