Un nuevo caso de violencia intrafamiliar sacude al municipio de Yaguará, donde un hombre de 29 años fue capturado tras ser señalado de agredir físicamente a su propia madre, una mujer de 59 años, quien resultó con lesiones que requirieron atención médica e incapacidad.
De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró en medio de una discusión al interior de la vivienda familiar, donde el hoy capturado, identificado como Juan Sebastián Trujillo Ramírez, habría reaccionado de manera violenta, propinándole golpes a la víctima en diferentes partes del cuerpo. La situación generó alarma entre vecinos, quienes alertaron a las autoridades.
Reacción oportuna
Uniformados de la Policía Nacional acudieron al lugar tras el llamado de la comunidad, logrando la captura del presunto agresor en flagrancia. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.
Según el reporte inicial, la mujer presenta contusiones que obligaron a otorgarle varios días de incapacidad, situación que agrava el caso al tratarse de una persona adulta mayor en condición de vulnerabilidad.
Proceso judicial en curso
El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar agravada. En las próximas horas, un juez de control de garantías definirá su situación judicial.
Autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos y recordaron que la violencia intrafamiliar constituye un delito que puede acarrear severas sanciones penales. Asimismo, insistieron en la importancia de activar rutas de atención y protección para las víctimas, especialmente cuando se trata de adultos mayores, quienes requieren especial cuidado y protección por parte del Estado y la sociedad.
Este caso vuelve a poner en evidencia la necesidad de fortalecer los entornos familiares y promover espacios de diálogo que prevengan hechos de violencia en los hogares del departamento. Organismos sociales pidieron acompañamiento institucional y seguimiento a familias en riesgo para evitar que situaciones similares se repitan en el territorio.
El caso genera rechazo en la comunidad, que exige justicia y acciones contundentes frente a este tipo de conductas.
