A lo largo de los años, la relación entre esmeralderos, dirigentes y representantes en Boyacá ha tejido una maraña de intereses cruzados que pocos se atreven a desentrañar.
El Gran Gobernante
El actual gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ha sido mencionado en diversas ocasiones como un beneficiario del respaldo de la industria esmeraldera. En 2019, su gobierno intentó adueñarse del lote La Esmeralda, inicialmente destinado a proyectos comunitarios, pero que finalmente terminó en manos de ‘Pedro Pechuga’. Pese a sus negativas, los lazos entre Amaya y figuras del occidente esmeraldero como Eduar Triana son evidentes, especialmente tras las campañas políticas donde compartieron escenarios. Amaya sigue negando cualquier conexión con estos intereses oscuros, pero los hechos hablan por sí solos.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá.
Amores Peligrosos
La exsenadora Sandra Ortiz ha sido señalada por su presunta relación sentimental con Juan Sebastián Aguilar, lo cual, según rumores, habría fortalecido su posición política, logrando movilizar el apoyo del empresario en su camino al Congreso. Aunque Ortiz nunca ha confirmado estas relaciones, las reuniones secretas con Aguilar en 2023 y su viaje en un helicóptero relacionado con el narcotráfico han alimentado las sospechas sobre sus lazos con el crimen organizado.

Sandra Ortiz, exsenadora.
La Sombra de un Legado Familiar
Eduar Triana, actual representante a la Cámara por Boyacá, ha intentado distanciarse del oscuro pasado de su familia. Su padre, Horacio Triana, fue extraditado por narcotráfico, y su hermano Gerson Steven fue implicado en varios homicidios en Bogotá. Pese a estos antecedentes, Eduar ha asegurado no tener relación con el negocio esmeraldero. Sin embargo, su éxito político en municipios con tradición minera y su colaboración con figuras como Carlos Amaya sugieren que el legado familiar sigue pesando sobre su carrera.

Eduar Triana, representante político.
Bajo la Lupa
El alcalde de Chiquinquirá, Jefferson Caro, ha sido señalado por su relación con la empresa de seguridad de ‘Pedro Pechuga’. A pesar de haber sido destituido por el Consejo de Estado en 2023, Caro sigue en el cargo y manteniendo contratos millonarios con Seguridad Oriental, propiedad de Aguilar. La continuidad de estos acuerdos a pesar de su pérdida de investidura deja entrever el poder que los empresarios esmeralderos ejercen sobre los líderes locales, quienes parecen ser inmunes a las sanciones judiciales.

Foto 4: Jefferson Caro, alcalde de Chiquinquirá.
Guardián de la Salud Esmeraldera
El exsecretario de Salud de Boyacá y actual gerente del Hospital San Rafael de Tunja, Germán Francisco Pertuz, ha sido clave en los negocios de ‘Pedro Pechuga’ con el sistema de salud del departamento. Desde la venta de lotes hasta la firma de contratos con la empresa de seguridad de Aguilar, Pertuz ha facilitado la expansión del imperio esmeraldero en los hospitales de Boyacá, evidenciando una «puerta giratoria» entre la administración pública y los intereses privados.

Francisco Pertuz, gerente del Hospital San Rafael.
El Postergado de ‘La Perla’
José Luis Bohórquez, alcalde suspendido de Duitama, nunca se opuso a los contratos entre el Hospital Regional de Duitama y la empresa Seguridad Oriental de ‘Pedro Pechuga’. Aunque no fue quien firmó los acuerdos, su falta de acción para detener estas relaciones comerciales sugiere una complicidad silenciosa. Tras su suspensión, el gobernador Amaya designó como alcalde encargado a Jaime Rúa, quien tampoco ha puesto freno a la influencia esmeraldera en el municipio, lo que genera sospechas sobre los movimientos dentro de la administración municipal y los proyectos venideros.

José Luis Bohórquez, político.
La revelación de los presuntos lazos entre funcionarios públicos de Boyacá y el oscuro mundo de la esmeralda pone de manifiesto una inquietante red de complicidades y corrupción que involucra a las instituciones. Estos vínculos evidencian cómo el poder, el dinero y el crimen organizado han tejido un entramado que desafía la legalidad y la ética en la región, dejando al descubierto la fragilidad de la gobernanza en Boyacá.
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