Un operativo policial realizado el pasado viernes 28 de febrero en un establecimiento comercial de la ciudad generó controversia tras evidenciarse presuntas irregularidades en la aplicación de una medida de cierre temporal. Los hechos, registrados por cámaras de seguridad, mostraron cómo patrulleros de la Policía Metropolitana de Villavicencio ingresaron al negocio luego de levantar la reja, a pesar de que este ya había finalizado su atención al público alrededor de la medianoche.
Suceso
En el momento del operativo, el personal del establecimiento se encontraba realizando el cierre de caja cuando los uniformados irrumpieron en el lugar sin proporcionar información clara sobre la medida que se estaba ejecutando. Uno de los patrulleros estableció comunicación con el capitán Andrés Garavito Carvajal, identificado con el número 003919, quien se presentó en el sitio y procedió a imponer un comparendo a una de las trabajadoras. Adicionalmente, ordenó el sellamiento del negocio por un período de 10 días sin entregar documentación que respaldara la acción ni pruebas de que la empleada sancionada fuera la responsable de la presunta infracción.
Ante la falta de garantías en el procedimiento, los afectados interpusieron un recurso de apelación ante la Inspección de Policía N° 2. Durante el análisis del caso, se evidenció una vulneración del debido proceso, ya que el capitán Garavito Carvajal desconoció la normativa que establece que el acta debe ser firmada tanto por el funcionario que impone la medida como por el presunto infractor. Sin embargo, en este caso, la sanción fue aplicada a una empleada del establecimiento en lugar de al administrador o propietario, quienes se encontraban presentes en el momento de la intervención.
Pruebas
Además, el material audiovisual presentado como prueba mostró a los patrulleros levantando la reja del local cuando ya estaba cerrado. En las imágenes también se observó al dueño del establecimiento preguntar en repetidas ocasiones los motivos de la sanción, sin recibir respuesta por parte del oficial a cargo.
Tras la revisión del caso, se determinó la revocatoria tanto del comparendo como de la medida de sellamiento impuesta por el capitán Garavito Carvajal. No obstante, la resolución llegó después de que el negocio permaneciera cerrado, lo que generó pérdidas económicas significativas para los propietarios y empleados. Los afectados manifestaron su inconformidad ante lo sucedido, destacando que la intervención se llevó a cabo en un fin de semana de alta actividad comercial, especialmente por tratarse de un viernes de quincena.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acciones disciplinarias que podrían tomarse frente a la actuación de los uniformados implicados.
