La Procuraduría General de la Nación sancionó a Andrés Felipe García Céspedes, Juan Carlos Medina González y Ana Milena González Blanco por infringir el debido proceso sancionatorio establecido en la Ley Ambiental. Los exfuncionarios fueron hallados responsables de no entregar información dentro de los plazos estipulados, lo que afectó la transparencia y legalidad de los procedimientos administrativos.
Fallo
Según el fallo emitido por el órgano de control, los implicados resolvieron recursos de reposición fuera del término establecido, lo que constituyó una falta administrativa grave. Durante el proceso disciplinario, se les imputaron dos cargos. En el primero, relacionado con posibles irregularidades en la aplicación del debido proceso, fueron absueltos. No obstante, en el segundo, que hacía referencia a su actuación irregular en el proceso sancionatorio ambiental, fueron hallados responsables.
Como consecuencia, la Procuraduría determinó que los exfuncionarios debían pagar una multa equivalente a los meses que habrían sido suspendidos si aún ocuparan sus cargos. La sanción económica impuesta fue la siguiente: Andrés Felipe García Céspedes: $19.904.846, Juan Carlos Medina González: $13.788.768, Ana Milena González Blanco: $7.576.290. García, quien ostentaba el cargo de mayor jerarquía dentro del grupo sancionado, recibió la multa más alta.
Cormacarena
La decisión ha generado reacciones en el ámbito local, donde ciudadanos han expresado su descontento con la situación de la administración pública. “Con razón Cormacarena cada vez es más decadente, si es que uno va hoy en día y ve pura gente que era del gobierno anterior”, comentó un habitante de la capital llanera.
La sanción de la Procuraduría refuerza su compromiso con el cumplimiento de la normatividad ambiental y la transparencia en la gestión pública, buscando prevenir futuras irregularidades en entidades responsables de la protección del medioambiente.
