Recientemente se conoció que la Alcaldía de Villavicencio firmó un contrato de arrendamiento por 2.200 millones de pesos con una duración de seis meses, beneficiando a la agencia Invest in Orinoquia. Esta empresa, conocida por su controversial exhibición de globos aerostáticos durante la celebración del aniversario 184 de Villavicencio, volvió a ser protagonista de una negociación millonaria con la administración local. Cabe recordar que el evento de los globos fue presentado en su momento como una presunta donación.
Acuerdo
El nuevo acuerdo, bajo la modalidad de coworking, contempla la ocupación de oficinas en los pisos 5 y 6 del Centro Empresarial y de Negocios Potenza. Los espacios están destinados a dependencias clave como la Secretaría de Catastro y Espacio Público, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo, la Bolsa de Empleo Público, y otras oficinas administrativas, incluyendo Control Interno Disciplinario, Control Interno de Gestión y la Dirección de Formalización y Mejoramiento Integral de Barrios.
Sin embargo, el contrato ha generado críticas, ya que Invest in Orinoquia no es el propietario directo del inmueble, sino un intermediario que subarrienda las oficinas de Potenza Inversiones S.A.S. a la Alcaldía. Este esquema, según expertos y observadores, habría elevado considerablemente los costos del arrendamiento, despertando inquietudes en sectores políticos y sociales.
Antecedentes
Esta no es la primera vez que la agencia subarrienda espacios al gobierno local. En mayo de 2024, la administración Baquero firmó un contrato inicial de cuatro meses con la misma empresa por un valor de 800 millones de pesos, lo que provocó cuestionamientos en el Concejo Municipal, liderados por el concejal Gustavo Basto. Posteriormente, en julio del mismo año, se renovó el acuerdo por 570 millones de pesos, evidenciando un incremento progresivo en los montos pagados. El contrato más reciente, que supera los 2.200 millones de pesos, pone nuevamente bajo la lupa las decisiones administrativas relacionadas con los bienes inmuebles y el uso de recursos públicos en Villavicencio.
La comunidad exige a concejales y a la Contraloría Municipal y a la Procuraduría General de la Nación una revisión detallada de los contratos firmados. Asimismo, se ha propuesto realizar auditorías externas que permitan establecer si los montos y condiciones de los acuerdos se ajustan a los principios de transparencia y eficiencia en el manejo de recursos públicos.
En las calles de Villavicencio, el tema también ha generado debate entre los ciudadanos. Algunos defienden la necesidad de contar con espacios modernos para la administración municipal, mientras que otros critican lo que consideran una mala gestión y un posible favorecimiento a una empresa en particular.
