En una polémica decisión, el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, ha extendido la concesión del servicio de patios y grúas de inmovilización vehicular hasta el año 2035, manteniendo este negocio en manos privadas. La medida, avalada por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 643, ha suscitado críticas por priorizar la gestión privatizada de un servicio estratégico que podría representar ingresos para la ciudad.
Prorroga
El contrato actual, cuya vigencia finaliza este año, debía ser revisado y replanteado. No obstante, la administración de Baquero optó por negociar una prórroga que garantiza que los operadores privados sigan manejando el servicio durante la próxima década. Según el acuerdo, el municipio recibirá al menos el 26% de los ingresos brutos generados por la operación, un porcentaje que algunos consideran insuficiente frente al potencial económico de este servicio.
Críticos de la decisión argumentan que, de haber asumido directamente la administración de patios y grúas, Villavicencio podría haber obtenido el 100% de las utilidades. Esto habría permitido fortalecer las finanzas públicas, invertir en infraestructura y recuperar el control total sobre un recurso estratégico. En lugar de ello, la ciudad se verá atada a un modelo concesionario que limita su capacidad de intervención y que, en palabras de algunos concejales opositores, perpetúa la dependencia de los privados en la gestión de servicios esenciales.
Cuestionamientos
El contexto de la decisión también ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia y los intereses detrás de la prórroga. A pocos meses de culminar el mandato de Baquero, analistas locales han señalado que esta medida podría estar vinculada a compromisos políticos o económicos que benefician a las empresas concesionarias. Asimismo, se cuestiona si el estudio de viabilidad económica y social que fundamenta el acuerdo fue suficientemente riguroso y alineado con los intereses del municipio.
La ciudadanía y sectores políticos han expresado su preocupación por el impacto a largo plazo de esta decisión en las finanzas y la gobernanza de Villavicencio. Según líderes sociales, la concesión es una oportunidad perdida para que el municipio fortalezca sus capacidades administrativas y recupere autonomía financiera. “Es una decisión que hipotecará el futuro de la ciudad por diez años más. El beneficio que podría ser para todos, queda en manos de unos pocos”, afirmó un líder comunal.
En contraste, la administración de Baquero defiende la medida argumentando que la concesión garantiza la continuidad del servicio y un ingreso asegurado para la ciudad sin necesidad de asumir los costos operativos y de mantenimiento. Además, señalan que este modelo ha funcionado en años anteriores y que permitirá destinar recursos públicos a otras prioridades municipales.
Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si la ciudad puede permitirse seguir delegando la gestión de sus recursos más rentables mientras enfrenta retos en infraestructura, movilidad y servicios públicos. Villavicencio se encuentra en un momento crucial para definir su rumbo en términos de autonomía financiera y desarrollo, y decisiones como esta marcarán profundamente su futuro.
