[VIDEO] CorteIDH ordenó a Nicaragua liberar a Cristiana Chamorro y a 13 presos más

El organismo internacional exige eliminar los obstáculos a la plena participación de todas las personas y de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre.
El organismo internacional exige eliminar los obstáculos a la plena participación de todas las personas y de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre.
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Nicaragua se alista para unas nuevas elecciones el próximo 7 de noviembre y donde el próximo presidente del Frente Sandinista y su eterna fórmula: Ortega y Murillo serán los absolutos ganadores, pues no tiene rival a la vista.

La mayoría de candidatos opositores a Daniel Ortega han sido encarcelados y en las últimas horas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al gobierno de Nicaragua liberar a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y a 13 presos más.

El tribunal indicó que considera necesario, “debido a las circunstancias excepcionales del presente asunto, ordenar la liberación inmediata de Cristiana Chamorro Barrios”, quien era la favorita de la oposición para vencer a Ortega.

La CorteIDH también pidió la libertad de: Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco, Pedro Salvador Vásquez, Arturo José Cruz Sequeira y Luis Alberto Rivas Anduray.

La petición también cobija a Miguel de los Ángeles Mora Barberena, Dora María Téllez Arguello, Ana Margarita Vijil Gurdián, Suyen Barahona Cuán, Jorge Hugo Torres Jiménez, Víctor Hugo Tinoco Fonseca y José Bernard Pallais Arana.

La CIDH alega que los imputados carecen de las garantías mínimas de un debido proceso, y varios permanecen incomunicados y previos a los comicios del 7 de noviembre próximo.

 

Candidatos detenidos:

La detención de varios candidatos opositores acusados de corrupción y otros delitos, así como la anulación del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) le valió su buena dosis de críticas al actual proceso electoral en Nicaragua.

Varios organismos internacionales comenzaron a cuestionar la legitimidad de estos comicios tras una serie de arrestos entre los principales rivales del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes se perfilan como favoritos para la reelección.

Ortega acusó a todos los precandidatos detenidos de estar «al servicio de los yanquis» (Estados Unidos) y de organizar y dirigir las protestas antigubernamentales de 2018, calificadas por el oficialismo de intentona golpista.

Palomas de basílicas:

Al pronunciamiento de la CIDH y los vertidos por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Gobierno de Nicaragua replicó que los procesados no son tan inocentes como alegan sus defensores, entre ellos, activistas y medios comprometidos con los derechos ciudadanos.

«No son palomas de basílicas las que hoy enfrentan el peso de las leyes, son instigadores, asesinos y destructores», aseveró el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

La administración sandinista negó que los detenidos, en particular quienes aspiraban a la presidencia de la República, estuvieran tras las rejas por sus opiniones políticas.

«Los que están siendo objeto de procesos legales son agentes extranjeros, identificados plenamente en nóminas de gobiernos extranjeros, que usando las estructuras de instituciones privadas internaron millones de dólares para destruir, matar, quebrar la economía y subvertir el orden constitucional», alegó el Ejecutivo nicaragüense.

Presiones internacionales:

Además de la OEA, la Unión Europea también le exige a Managua «elecciones, libres, competitivas y transparentes», de lo cual se infiera que no creen que estos comicios cumplan con tales pautas.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que estas elecciones serán un «fake» (farsa), porque Ortega encarceló «a todos los contendientes».

A su vez, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó que la cancelación de CxL y otras formaciones opositoras, despojadas de su personalidad jurídica, contravienen los principios de unas «elecciones libres y justas».

A lo interno, la Conferencia Episcopal de Nicaragua denunció la falta de garantías democráticas en estos comicios, con los principales aspirantes presidenciales presos, el tribunal electoral controlado por Ortega y presuntas irregularidades que deslegitiman el proceso.

El observatorio internacional Human Rights Watch (HRW) expresó además su preocupación por las denuncias de detenciones arbitrarias, falta de independencia judicial, así como violaciones a la libertad de prensa y expresión, y de los derechos políticos, humanos y ciudadanos.


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