La neivana Sonia Toro, quien es víctima de la violencia interna y actualmente es madre cabeza de hogar, hace un llamado a las autoridades nacionales y departamentales para que le ayuden agilizar su proceso de indemnización, pues al parecer, desde la Unidad para las Víctimas, no le han querido dar ningún tipo de respuesta, e incluso, según denunció, han sido groseros con ella.
La adulta mayor, indicó que ha tenido que iniciar toda una lucha para que se le reconozca que actualmente está siendo gravemente afectada por la negligencia del Estado, que no ha querido brindarle ningún tipo de apoyo luego de los hechos ocurridos en el año 2002, en los que hombres armados arribaron hasta su finca y los amenazaron con salir de la tierra que siempre habían cultivado en la vereda Jerusalén del municipio de Baraya.
Posterior a ese hecho su señor esposo, llamado Gentil Salas fue asesinado por grupos al margen de la ley, y desde entonces la señora Toro ha tenido que luchar contra todas las adversidades para sacar adelante a su hija de 21 años, que actualmente padece las consecuencias de esquizofrenia y requiere de un cuidado especial, y quien en una ocasión fue atacada a disparos y perdió un dedo diez días después de que asesinaron a su padre.
“Del gobierno que salió no obtuvimos nada, nosotros somos víctimas del conflicto armado, hemos sido secuestrados de la libertad y tranquilidad, mi hija es discapacitada, lamentablemente la Unidad de Víctimas no nos atienden, desde hace tres años allá me dijeron que yo ya tenía la orden de pago pero nunca más me volvieron a decir en qué lugar está mi dinero”, precisó.
La mujer hizo un llamado al Gobierno Nacional para que le brinden algún tipo de apoyo, “no es justo que una persona de 62 años con una hija en condición de discapacidad tenga que pasar por esto por la negligencia de algunos funcionarios que ni siquiera tienen la amabilidad de explicarnos claramente qué es lo que está ocurriendo con nuestras indemnizaciones”, precisó.
