Si La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila lanzó un duro llamado a aplicar “todo el peso de la ley” contra quienes atacan a miembros de la Fuerza Pública, luego de la reciente ola de atentados que ha dejado policías y militares afectados en varias regiones del país. En sus declaraciones públicas incluyendo mensajes en su cuenta de Dávila afirmó que “los criminales tienen que pagar por todo el daño que han hecho. Los vamos a perseguir hasta derrotarlos”.
En su intervención, la periodista propuso además reconstruir y fortalecer el aparato de inteligencia del Estado y poner en marcha medidas tecnológicas para reforzar la seguridad, entre las que citó el uso de drones y de inteligencia artificial para mejorar la capacidad de prevención y de reacción ante actos terroristas y de sicariato. Sus propuestas han sido publicadas y amplificadas en diversas plataformas y medios. 
El pronunciamiento de Dávila llega en medio de una coyuntura marcada por una serie de atentados contra miembros de la Policía y las Fuerzas Militares, que han puesto en tensión la política de seguridad del Gobierno y encendido el debate público sobre las estrategias para enfrentar a organizaciones criminales como el Clan del Golfo y otros grupos armados. Las autoridades han reconocido un repunte de agresiones selectivas contra uniformados en los últimos meses. 
Las reacciones no se han hecho esperar: sectores políticos y expertos en seguridad han celebrado la exigencia de mano dura, pero otros han advertido sobre riesgos legales y de derechos humanos si las medidas tecnológicas y punitivas se implementan sin marcos claros de supervisión y control. Analistas consultados por medios han pedido además combinar inteligencia, judicialización y políticas sociales que ataquen las causas de la violencia. 
Dávila, quien compite por visibilidad en la carrera presidencial, ha aprovechado estos pronunciamientos para articular su propuesta de seguridad como uno de los ejes centrales de campaña, planteando según sus publicaciones garantías jurídicas y operativas para que las fuerzas del Estado actúen con mayor eficacia contra el crimen organizado. 
