Durante las manifestaciones realizadas el martes 7 de octubre de 2025 en Medellín, convocadas en solidaridad con el pueblo palestino, se registraron varios episodios de violencia que generaron preocupación en las autoridades nacionales. Según videos difundidos en redes sociales, algunos agentes de seguridad y convivencia adscritos a la Alcaldía de Medellín, identificados con chalecos institucionales, agredieron con puños y patadas a varios manifestantes en el sector de El Poblado, mientras la movilización se desarrollaba de manera pacífica.
A raíz de estos hechos, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que inicien una investigación para esclarecer las responsabilidades. Rondón enfatizó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro es garante del derecho a la protesta social pacífica y que este tipo de agresiones atentan contra la libre expresión ciudadana.
En sus declaraciones, el viceministro reiteró que las instituciones deben actuar dentro del marco de los derechos humanos y que la protesta social es una forma legítima de expresión política y ciudadana que el Estado debe proteger.
La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) intervino posteriormente para dispersar los enfrentamientos y controlar la situación. Los hechos se hicieron virales debido a las grabaciones que mostraban la violencia por parte de los funcionarios municipales, lo que aumentó la indignación entre los asistentes y en redes sociales.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció al respecto a través de sus redes sociales, señalando directamente al alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, a quien acusó de promover actos de represión. En su mensaje, el mandatario comparó la actuación de las autoridades locales con la represión ejercida por el gobierno de Israel en el conflicto con Palestina, calificándola como una muestra de “fascismo”.
El incidente ha generado un fuerte debate político y social sobre el uso de la fuerza en las movilizaciones ciudadanas, la responsabilidad de las autoridades locales y la necesidad de garantizar el respeto por los derechos fundamentales durante las protestas públicas.