Frente a los hechos que se presentaron este domingo, 23 de octubre, durante la manifestación en el sector del Portal Américas, el viceministro del interior, Gustavo García, aseguró que: “En ningún momento existió una intermediación ilegal para la liberación de los jóvenes, por el contrario, fue la Policía quien encontró que ellos no habían sido sorprendidos en flagrancia ni tampoco fueron quienes agredieron la camioneta del general Sanabria”.
Te puede interesar: Código penal sufrirá modificaciones para despenalizar seis delitos
De acuerdo a lo expuesto por García, se pudo llevar a cabo un diálogo que permitió la liberación de los jóvenes para continuar con las conversaciones en las que alcanzaron varios acuerdos que pronto se darán a conocer.
Así también lo confirmó el propio general Sanabria, quien en entrevista con la emisora Blu radio ratificó que “Dos personas fueron capturadas administrativamente por la Policía. Esta es una figura que solo es facultativa de la Policía Nacional consagrada en el artículo 28, inciso segundo, de la Constitución Política de Colombia. Solo la Policía tiene la facultad de decidir si esa apersona es dejada en libertad o no cuando es capturada bajo esa figura. Tenemos 36 horas de acuerdo con la sentencia C-024 de 1994, para efectos de analizar si la persona que ha sido privada de la libertad comporta una medida frente a la acción penal, es decir, su captura y su posterior presentación a la Fiscalía”.
Además, con respecto al video en el que se ve a Gustavo García salir de una tanqueta del Esmad, Sanabria agregó que “El señor viceministro del Interior nos acompañó para ser garante de estas medidas que estamos tomando. Se le puso en conocimiento lo que la Policía estaba desarrollando con la fuerza disponible que actúa en estos casos de manera preventiva y ante situaciones que afecten o pongan en riego otros derechos”.
También puedes leer: En noviembre MinTransporte informará tarifas del Soat
La Policía Nacional reiteró el llamado al desarrollo de la manifestación pública sin violencia, privilegiando el diálogo como mecanismo de resolución de diferencias, sin perjuicio a la actuación policial y penal correspondiente cuando se afecten derechos y libertades públicas.
