La Fiscalía impuso medidas de extinción de dominio sobre 42 bienes del ‘clan Herrera’. La banda residual de ‘Pacho’ Herrera tenia lavado de activos avaluados en más de $44.900 millones
La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo golpe contra las estructuras financieras ligadas al narcotráfico con la ocupación de 42 bienes vinculados al denominado ‘clan Herrera’, herederos de Hélmer Francisco Herrera Buitrago, alias ‘Pacho Herrera’, uno de los jefes del extinto Cartel de Cali. Las medidas cautelares de extinción de dominio recaen sobre activos avaluados en más de 44.900 millones de pesos, que habrían permanecido ocultos durante años mediante un entramado de operaciones relacionadas con la mafia.
De acuerdo con el reporte oficial, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso embargos, secuestros y suspensión del poder dispositivo sobre propiedades, vehículos y sociedades comerciales. La investigación permitió rastrear el origen de estas fortunas y establecer que, durante varios años, se utilizaron personas y empresas de sectores como el inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar para ocultar, transformar y administrar los activos, dándoles apariencia de legalidad y evadiendo el control de las autoridades.
Las diligencias de ocupación fueron ejecutadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá (Valle del Cauca), así como en Sonsón (Antioquia). En Jamundí se afectaron un inmueble urbano de cuatro pisos, donde funcionaba un hotel, y un lote; en Tuluá, un terreno; y en Sonsón, siete predios que conforman la hacienda La Porcelana, con una extensión de 1.083 hectáreas.
En Bogotá, las medidas recayeron sobre un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales. En Cali, sobre dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio. Estos bienes, según la Fiscalía, hacen parte de un sofisticado sistema de lavado de activos implementado por el clan para camuflar su riqueza, valiéndose de empresas fachada, transacciones ficticias y testaferros de confianza.
El documento oficial señala que “los elementos materiales probatorios indican que, durante varios años, fueron utilizadas personas y empresas para ocultar, transformar y administrar los activos identificados, darles apariencia de legalidad y sustraerlos del control de las autoridades”. Con estas medidas, la Fiscalía busca afectar de manera directa las finanzas de las estructuras criminales que heredaron el legado económico del Cartel de Cali.
