La controversia rodea nuevamente a las hermanas Guerrero. Esta vez, la congresista Jennifer Pedraza, del partido Compromiso y Dignidad, radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra Verónica Guerrero, hermana de la senadora Isabel Cristina Guerrero, por presunta usurpación de funciones públicas.
La acusación se fundamenta en un audio que se ha hecho público, en el que Verónica Guerrero, quien no ostenta ningún cargo oficial en el Estado, presuntamente habría impartido órdenes administrativas, interviniendo en decisiones que corresponden exclusivamente a funcionarios con competencias legales. Según Pedraza, esta conducta vulnera los principios de legalidad y separación de funciones establecidos en la Constitución, y representa un posible delito penal.
“El ejercicio del poder público debe estar estrictamente limitado a quienes han sido investidos legalmente para ello. No podemos permitir que personas sin nombramiento oficial tomen decisiones administrativas, ni siquiera de manera informal”, expresó la representante Pedraza en una rueda de prensa, añadiendo que este caso refleja prácticas preocupantes de influencia indebida dentro del aparato estatal.
El hecho ha generado gran repercusión en redes sociales y círculos políticos, no solo por la gravedad de la denuncia, sino también por el vínculo familiar entre Verónica e Isabel Cristina Guerrero, quien actualmente ostenta un escaño en el Congreso. Algunos sectores cuestionan si existe un entramado de poder que trasciende los cargos formales y que opera desde las sombras, al margen del control institucional.
Desde el entorno de la senadora Guerrero no se han emitido declaraciones oficiales hasta el momento. Sin embargo, se espera que en los próximos días se pronuncien sobre la denuncia y aclaren cuál es el papel real de Verónica Guerrero dentro de las gestiones legislativas o administrativas que se le atribuyen.
Por su parte, la Fiscalía deberá determinar si existen méritos para abrir una investigación formal por el presunto delito de usurpación de funciones públicas, el cual está tipificado en el Código Penal colombiano y puede acarrear sanciones de carácter penal y disciplinario.
Este episodio pone nuevamente bajo la lupa la necesidad de fortalecer los controles institucionales frente al ejercicio del poder y de blindar la función pública frente a posibles actos de injerencia o nepotismo. La atención pública está centrada en los pasos que dará la justicia en este caso, que podría marcar un precedente relevante en materia de responsabilidades administrativas y familiares dentro del Estado.
