Verónica Alcocer, primera dama de Colombia y figura mediática del gobierno de Gustavo Petro, se ha convertido en objeto de un intenso escrutinio público tras un informe del medio sueco Expressen revelado por la revista Semana. Según ese reporte, Alcocer estaría residiendo en Estocolmo (Suecia) en un entorno marcado por el lujo y rodeada de millonarios, incluso tras las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos tanto a ella como al presidente Petro.
Contexto de las sanciones
El trasfondo de esta polémica lo constituye su inclusión oficial, junto con Gustavo Petro y su hijo Nicolás Petro, en la llamada «Lista Clinton», una lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del gobierno de EE.UU., que congela sus operaciones financieras en territorio estadounidense. Estas sanciones han encendido alarmas sobre riesgos reputacionales y financieros, y según el informe sueco, Alcocer habría optado por trasladarse (o pasar temporadas) a Estocolmo para “refugiarse” lejos del foco de las sanciones.
El estilo de vida de Alcocer en Suecia
De acuerdo con el reportaje original citado por Semana, Alcocer no lleva un bajo perfil: se le describe moviéndose en círculos de alta élite, asistiendo a clubes privados, tomando champaña en eventos exclusivos y compartiendo escenas sociales con multimillonarios suecos.
Entre sus conocidos en ese entorno se mencionan empresarios adinerados y figuras destacadas de la alta sociedad sueca, lo que refuerza la idea de que su estadía no es simplemente diplomática, sino social. El informe asegura que la primera dama ha sido vista en costosos restaurantes y en fiestas privadas.
Además, su vida de opulencia no es nueva en Colombia: medios han documentado cómo Alcocer mantiene un séquito personal (maquilladora, fotógrafo, estilista) y ha contratado a su amiga más cercana con un sueldo elevado para labores de asesoría protocolaria. Sus gastos han generado ya denuncias e investigaciones por parte de entidades como la Procuraduría, dado que Alcocer no es funcionaria pública pero su equipo ha sido financiado con recursos estatales.
Reacciones y críticas
La revelación del informe ha hecho eco en varios sectores. Entre los críticos figura la periodista Ángela Benedetti, quien ha ironizado sobre el supuesto enamoramiento de Alcocer con Suecia y su “shopping de aviones”, en referencia a adquisiciones militares entre Colombia y el país escandinavo.
Además, existen denuncias penales recientes ante la Fiscalía: se acusa a la primera dama de posible estafa por presuntos pagos irregulares en contratos vinculados a su imagen personal. Tal denuncia se suma al debate sobre los límites entre su rol social y político, especialmente considerando que el presidente Petro ha afirmado públicamente que están “separados hace años”.
Interpretaciones y posibles implicaciones
- Estrategia de visibilidad o refugio diplomático: La versión de que Alcocer estaría en Suecia para “escapar” de la presión mediática y financiera derivada de las sanciones puede interpretarse como una táctica para mantener protagonismo internacional o al menos evitar un escrutinio cercano en Colombia.
- Red de poder transnacional: El hecho de que la primera dama interactúe con millonarios suecos y acuda a clubes privados sugiere que no solo mantiene conexiones locales, sino una red de elites que podrían tener implicaciones para su influencia política.
- Presión interna: Las denuncias sobre sus gastos domésticos y su equipo han generado críticas sobre el uso de recursos públicos en personas que no tienen un cargo formal en la administración, lo cual puede alimentar un debate sobre austeridad versus representatividad institucional.
- Riesgo reputacional para Colombia: Las sanciones de EE. UU. no solo afectan financieramente, sino que también pueden dañar la imagen internacional del gobierno Petro, especialmente si figuras como la primera dama son vistas como viviendo un estilo de vida lujoso mientras su país enfrenta dificultades.
Conclusión
El informe sobre Verónica Alcocer en Suecia marca otro capítulo de controversia en la administración Petro. No se trata solo de una acusación moral, sino de un entrelazado entre sanciones internacionales, redes de poder elite, y el uso de recursos públicos. Mientras algunos defienden su derecho a la vida privada, otros denuncian un posible uso indebido de su posición para construir una esfera de influencia privilegiada. El debate probablemente continuará, especialmente si la Fiscalía avanza en las investigaciones por los altos costos de su imagen pública.
