Las elecciones legislativas y regionales celebradas este domingo 25 de mayo colocan a la oposición venezolana frente a un dilema que parece no tener salida: participar puede significar validar un proceso sin garantías, mientras que abstenerse equivale a cederle todo el terreno al oficialismo de Nicolás Maduro.
No es la primera vez que la oposición se enfrenta a este tipo de decisiones complejas. Desde el referendo revocatorio fallido contra Hugo Chávez en 2004, una parte del antichavismo ha sostenido que el poder en Venezuela no se entrega por la vía electoral.
Con el paso de los años, las denuncias sobre irregularidades se han acumulado. La oposición ha señalado al chavismo por utilizar ventajosamente los recursos del Estado en campañas, por inhabilitar candidatos críticos del gobierno y por manipular los resultados electorales, como alegaron tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.
A este clima de desconfianza se suma una nueva ola de represión. En los días previos a la elección, más de 70 personas entre ellas activistas, periodistas, políticos y abogados
fueron arrestadas bajo acusaciones de conspiración por parte del gobierno, lo que ha sido interpretado como una estrategia para intimidar y desarticular a los sectores opositores.
En este contexto, la oposición enfrenta una decisión que no tiene respuestas fáciles, en un país donde la ruta electoral parece cada vez más incierta.
