El caso de Wilber Rafael Garcés Pérez, un venezolano de 28 años que fue herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Austin, Texas, tomó un nuevo rumbo luego de que fiscales federales presentaran cargos en su contra. Garcés permanece bajo custodia migratoria y todavía tendría alojado el proyectil en su cuerpo, mientras su defensa cuestiona las condiciones de atención médica que ha recibido.
Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2026, cuando Garcés realizaba una entrega de comida para DoorDash. Según la declaración presentada por las autoridades estadounidenses, agentes de ICE intentaron detenerlo después de verificar que existía una orden definitiva de expulsión. La Fiscalía sostiene que el venezolano habría desobedecido las instrucciones de los funcionarios, habría golpeado a uno de ellos con el espejo lateral de su vehículo y posteriormente habría intentado escapar.
La versión oficial señala que, durante el procedimiento, Garcés habría dirigido nuevamente su automóvil hacia uno de los agentes, situación que habría provocado que otro funcionario utilizara su arma de fuego. El venezolano recibió el disparo y fue trasladado inicialmente a un centro médico. Sin embargo, su defensa sostiene una versión diferente de lo sucedido y asegura que el vehículo de los agentes habría chocado contra el suyo antes del disparo.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que Garcés continúa con una bala alojada cerca de la espalda y la columna, de acuerdo con declaraciones de su abogada. Durante los días posteriores al incidente, la defensa denunció que el hombre permaneció detenido con fuertes dolores y que no habría recibido el tratamiento médico que consideraba necesario. Posteriormente volvió a ser llevado a un hospital para recibir atención.
Ahora, además de enfrentar su proceso migratorio, Garcés enfrenta una acusación federal por agredir, resistirse, interferir y obstaculizar las labores de un funcionario federal. De acuerdo con los documentos judiciales y reportes sobre el caso, si fuera declarado culpable del delito federal imputado, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión. Esto no significa que haya sido condenado: el proceso judicial apenas avanza y Garcés mantiene su derecho a defenderse ante un tribunal.
Versiones enfrentadas sobre lo ocurrido
La defensa de Garcés ha rechazado parte de la narración presentada por las autoridades y ha cuestionado las circunstancias en las que se produjo el disparo. Además, uno de los elementos que está bajo escrutinio es la existencia de registros audiovisuales: el agente que efectuó el disparo no llevaba una cámara corporal activa, mientras que otro funcionario sí portaba una, aunque ese dispositivo no registró directamente el momento del disparo.
El caso continúa generando atención en Texas mientras avanzan tanto el proceso penal como el procedimiento migratorio. Garcés también ha presentado recursos a través de sus abogados para intentar detener su deportación y continuar con su defensa en Estados Unidos.
