Buenaventura está temporalmente apartado de la representación legal de la empresa.
La situación jurídica alrededor de Velotax Ltda. tomó un nuevo giro luego de que la Superintendencia de Transporte impartiera una instrucción relacionada con Guillermo Buenaventura Cruz, quien había asumido funciones como administrador de saneamiento y representante legal de la cooperativa.
El documento, fechado el 22 de julio de 2026, fue expedido para cumplir una decisión judicial que modificó temporalmente el escenario administrativo de la empresa. La medida permanecerá vigente mientras avanza la impugnación presentada dentro de una acción de tutela.
Según el oficio, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué emitió el 15 de julio un fallo de tutela mediante el cual ordenó suspender transitoriamente, frente al accionante Diego Alonso Amaya Montejo, los efectos de las resoluciones que habían permitido la designación del administrador de saneamiento.
Ante ese panorama, la Superintendencia consideró que no resultaba jurídicamente viable mantener suspendida la remoción de Amaya y, al mismo tiempo, permitir que otra persona continuara ejerciendo la representación legal de Velotax.
Por esa razón, la entidad impartió una orden de abstención temporal dirigida a Buenaventura. Desde la recepción del oficio, debía detener cualquier actuación relacionada con la administración de saneamiento o la representación legal de la cooperativa.
La instrucción cobijó gestiones administrativas, financieras, contractuales, laborales, comerciales y judiciales. También estableció que debía comunicar la situación a terceros y poner en conocimiento de la Superintendencia las actuaciones adelantadas.
El documento además señaló que Buenaventura únicamente podría ejecutar actividades indispensables para cumplir la instrucción y conservar información, archivos, bases de datos y credenciales obtenidas durante su gestión. Esas actuaciones no podían utilizarse para continuar las labores propias del cargo suspendido.
Sin embargo, surgió otro elemento dentro del trámite. Aunque la comunicación administrativa fue elaborada el 22 de julio, según la información conocida por este medio, solo hasta el 5 de agosto habría sido remitida al juzgado como constancia del cumplimiento de la sentencia de tutela.
Desde Velotax sostienen que la instrucción dejó suspendida, desde el 22 de julio, la posibilidad de que Buenaventura ejerciera como administrador de saneamiento o representante legal. Esa interpretación corresponde a la posición expuesta por la empresa dentro de una controversia que todavía no termina.
El caso permanece sujeto a las decisiones que adopte la autoridad judicial en segunda instancia y a las actuaciones posteriores de la Superintendencia de Transporte. Mientras tanto, la situación administrativa de Velotax continúa marcada por la disputa relacionada con su representación legal y el cumplimiento de las órdenes impartidas dentro del proceso y las consecuencias administrativas derivadas de esa determinación judicial posterior.
