Ana María Sanclemente, secretaria de seguridad y convivencia ciudadana, explicó que mediante una carta se solicitó medidas urgentes de protección para concejales y funcionarios públicos. En la misiva, se explica la situación de riesgo de los ediles de localidades como Tuluá, quienes están sesionando de manera virtual, debido a la vulnerabilidad a la que están expuestos.
De acuerdo con la titular de la cartera, en la petición se anexó una tutela de los cabildantes de Tuluá y Jamundí exigiendo las medidas, después de cuatro meses de haber elevado la primera solicitud de protección para su integridad. La acción popular fue presentada a su nombre por la Defensoría del Pueblo y, además, anexó una comunicación de la Procuraduría General de la Nación que alerta del riesgo inminente que corren los funcionarios.
Declaración
“Es una situación que requiere de apoyo y la atención institucional desde lo municipal, departamental y nacional. Ese es el llamado que hemos hecho, es necesario que la UNP agilice los estudios de seguridad en el departamento para todos estos funcionarios y se garantice la vida y la seguridad de cada uno de ellos”, aseveró Sanclemente, al insistir en el llamado a la Unidad Nacional de Protección para trabajar articuladamente en la protección de la vida de estos servidores públicos amenazados y defender la institucionalidad.
Desde la entidad recordaron que en lo transcurrido del año en el departamento han sido asesinados dos cabildantes del municipio de Tuluá, uno de Jamundí y una líder cívica tulueña.
Acciones
En ese sentido, es importante precisar que la Policía Valle y Metropolitana de Cali han asumido la protección de los funcionarios públicos en peligro de vulneración, mediante la implementación de, por lo menos, 28 acciones entre las que se destaca el ‘Plan Padrino’ y, en el caso del municipio de Tuluá, el establecimiento de rutas de seguridad consistentes en planes candado en los desplazamientos de las personas en riesgo.
“Es la Unidad Nacional de Protección, UNP, la que debe determinar las medidas de protección y esto quiere decir vehículo, chalecos blindados, hombres de protección, esas son las medidas contundentes que se están buscando para que los concejales puedan ir a sesionar, para que se sientan tranquilos en el ejercicio de sus labores”, anotó la funcionaria.
De acuerdo con la titular de la cartera, en la petición se anexó una tutela de los cabildantes de Tuluá y Jamundí exigiendo las medidas, después de cuatro meses de haber elevado la primera solicitud de protección para su integridad. La acción popular fue presentada a su nombre por la Defensoría del Pueblo y, además, anexó una comunicación de la Procuraduría General de la Nación que alerta del riesgo inminente que corren los funcionarios.
Declaración
“Es una situación que requiere de apoyo y la atención institucional desde lo municipal, departamental y nacional. Ese es el llamado que hemos hecho, es necesario que la UNP agilice los estudios de seguridad en el departamento para todos estos funcionarios y se garantice la vida y la seguridad de cada uno de ellos”, aseveró Sanclemente, al insistir en el llamado a la Unidad Nacional de Protección para trabajar articuladamente en la protección de la vida de estos servidores públicos amenazados y defender la institucionalidad.
Desde la entidad recordaron que en lo transcurrido del año en el departamento han sido asesinados dos cabildantes del municipio de Tuluá, uno de Jamundí y una líder cívica tulueña.
Acciones
En ese sentido, es importante precisar que la Policía Valle y Metropolitana de Cali han asumido la protección de los funcionarios públicos en peligro de vulneración, mediante la implementación de, por lo menos, 28 acciones entre las que se destaca el ‘Plan Padrino’ y, en el caso del municipio de Tuluá, el establecimiento de rutas de seguridad consistentes en planes candado en los desplazamientos de las personas en riesgo.
“Es la Unidad Nacional de Protección, UNP, la que debe determinar las medidas de protección y esto quiere decir vehículo, chalecos blindados, hombres de protección, esas son las medidas contundentes que se están buscando para que los concejales puedan ir a sesionar, para que se sientan tranquilos en el ejercicio de sus labores”, anotó la funcionaria.
