Gabriel Alfonso Patarroyo fue denunciado por corrupción y abusos en nombramientos docentes.
Un escándalo sacude la Secretaría de Educación de Ibagué tras la denuncia contra Gabriel Alfonso Patarroyo, director de Calidad Educativa. La acusación fue radicada el 14 de mayo de 2025 en el despacho de la alcaldesa Johana Aranda, y también fue dirigida a la Contraloría, la Fiscalía y otros entes de control. En ella se revelan prácticas irregulares graves relacionadas con el manejo de vacantes en el sistema educativo local.
Según los testimonios recogidos, Patarroyo habría solicitado pagos entre cinco y ocho millones de pesos a docentes interesados en obtener un puesto dentro del sistema público. Esta práctica, que dataría desde su etapa como director financiero, habría continuado con total impunidad tras asumir el cargo actual. Los denunciantes afirman que se trataba de un esquema sistemático de corrupción, donde los méritos eran reemplazados por sobornos y los verdaderos profesionales quedaban marginados.
La estructura descrita en la denuncia asemeja una red de tráfico de influencias, con consecuencias directas sobre la transparencia de los nombramientos. Además de afectar la calidad educativa, este proceder comprometía seriamente los principios legales y éticos de la administración pública.
Manipulación
El documento entregado por los denunciantes también acusa a Patarroyo de ocultar deliberadamente plazas docentes. Estas vacantes, según la normatividad vigente, debían ser reportadas al Ministerio de Educación para ser provistas mediante concursos de méritos. La omisión deliberada de estas plazas no solo obstaculizaba el acceso de nuevos profesionales al sistema, sino que también distorsionaba las estadísticas oficiales.
Pero lo más grave vendría con las acusaciones por acoso sexual. Varias docentes habrían recibido mensajes indebidos, insinuaciones y propuestas inapropiadas a través de plataformas como WhatsApp. Por temor a represalias laborales o sociales, muchas de las víctimas habrían optado por el silencio, según consta en la denuncia.
Respuesta
La Alcaldía de Ibagué respondió el 16 de mayo confirmando la recepción del documento y anunciando su envío a la Oficina de Control Único Disciplinario. La alcaldesa Johana Aranda aseguró que la investigación será reservada y respetará el debido proceso. Indicó que, de hallarse indicios penales, el caso sería trasladado a la Fiscalía.
Sin embargo, no se informó si el funcionario fue suspendido o si se tomaron medidas preventivas mientras avanzan las investigaciones. Conlaverdad.com continuará revelando los detalles de este caso que ha remecido los cimientos de la administración municipal.
