La tensión política entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, escaló durante los últimos días luego de que un video y varias denuncias mostraran a contratistas civiles —identificados como gestores de convivencia o gestores de seguridad de la Alcaldía— agrediendo y hostigando a manifestantes durante una movilización pro-Palestina en el sector de El Poblado, el pasado 7 de octubre. La difusión de esas imágenes derivó en intervenciones públicas del Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y órganos de control, y en la orden del presidente Petro de investigar y disolver temporalmente el grupo señalado.
Qué ocurrió en la marcha y por qué molestó tanto
La protesta, convocada en Medellín como parte de una jornada nacional de apoyo a Palestina, tenía carácter pacífico en su inicio, según reportes y testimonios. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a varios gestores —personas contratadas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia— interviniendo de forma directa contra los manifestantes: empujones, desplazamientos forzados y, en algunos casos, agresiones físicas. Imágenes complementarias muestran locales comerciales con destrozos y tensión entre comerciantes y manifestantes. Esos registros alimentaron la discusión pública sobre si hubo una orden explícita o implícita desde la Alcaldía para «controlar» las movilizaciones con personal no policial.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría anunciaron investigaciones preliminares para determinar responsabilidades disciplinarias y, en su caso, penales. La Defensoría recordó que los gestores de convivencia no están facultados para usar la fuerza pública ni para disolver protestas, por lo que cualquier actuación violenta podría constituir una vulneración de derechos humanos.
La reacción del presidente y las medidas del Gobierno
El presidente Gustavo Petro publicó en sus redes que se trataba de una “violación profunda de derechos humanos” y ordenó que se dispongan investigaciones penales sobre lo ocurrido, además de demandar medidas inmediatas para desmantelar el grupo responsable. En la práctica, la Presidencia pidió la disolución del equipo de seguridad y control implicado en los hechos, argumentando que no se puede delegar a civiles funciones de policía. Esta decisión generó una respuesta inmediata del alcalde de Medellín.
La defensa del alcalde y la narrativa de seguridad
Federico Gutiérrez rechazó las acusaciones: aseguró que los gestores defendieron el orden público frente a actos vandálicos y que, cuando la protesta degeneró en daños a comercios y agresiones, era legítimo proteger a los habitantes y al patrimonio de la ciudad. Además, el alcalde y su entorno político presentaron imágenes de locales atacados como argumento para justificar la intervención de sus contratistas. Gutiérrez acusó, a su vez, al Gobierno de intentar politizar los hechos en un año electoral.
Esa defensa profundizó la confrontación: para sectores del gobierno y organizaciones de derechos humanos, normalizar el uso de civiles armados o protegidos para funciones de control urbano abre la puerta a excesos y a una difuminación de responsabilidades —es decir, con quién se puede acusar después si ocurre una violación de derechos—. Para la Alcaldía, la narrativa dominante es la de restablecer el orden frente a disturbios y vandalismo.
Actores institucionales y siguientes pasos en la investigación
Además de la Defensoría, la Personería y la Procuraduría anunciaron indagaciones sobre el rol de funcionarios y contratistas. Las autoridades locales informaron que se recopilan pruebas (videos, testimonios y contratos) para determinar si hubo instrucciones que excedieron las funciones administrativas y si existen vínculos entre exmilitares o agentes privados y las dependencias municipales encargadas de la convivencia. Dependiendo de los hallazgos, se evalúan acciones disciplinarias, civiles y penales.
Impacto político: polarización y calendario electoral
El choque ocurre en un contexto de elevada polarización política en Colombia y con un calendario electoral que se intensifica hacia 2026. El episodio alimenta la retórica de ambos bandos: la derecha local utiliza los hechos para subrayar la necesidad de mano dura y defensa del orden, mientras el Ejecutivo y la izquierda advierten sobre riesgos de autoritarismo, militarización y vulneración de libertades civiles. Analistas consultados por medios señalan que, más allá de lo inmediato, el caso podría convertirse en tema central durante la campaña electoral: simboliza conflictos sobre el monopolio de la fuerza, la gestión de la protesta social y la delegación de funciones de seguridad.
Conclusión: derechos, responsabilidades y control ciudadano
Lo ocurrido en Medellín reaviva preguntas básicas y prácticas: quién controla a quienes controlan; qué límites legales y éticos aplican a personal contratado por administraciones locales; y cómo garantizar el derecho a la protesta sin tolerar la violencia contra bienes o personas. Las investigaciones en curso definirán responsabilidades individuales y administrativas; mientras tanto, la disputa entre Petro y Gutiérrez queda instalada en la agenda nacional como un ejemplo de la tensión entre seguridad urbana y garantías democráticas.
