La campaña a la Cámara de Representantes de Natalia Caviedes avanza en medio de una creciente tormenta política y judicial que pone en entredicho no solo su discurso, sino la coherencia ética del partido que decidió avalarla. La Procuraduría General de la Nación deberá investigar la presunta orientación irregular de recursos desde la Electrificadora del Huila para favorecer su aspiración electoral, un señalamiento que, de confirmarse, configuraría una grave utilización del aparato público con fines proselitistas.
En Bogotá, las directivas del partido Alianza Verde parecen haber hecho un cálculo frío: pesan más los votos que los antecedentes. A pesar del amplio historial de procesos disciplinarios, fiscales y penales que rodean a la exalcaldesa de Palermo, el partido del girasol optó por abrirle las puertas, sumándose así a una lista de decisiones que han debilitado su bandera anticorrupción y su credibilidad ante la opinión pública.
La estrategia de Caviedes, según sectores críticos, ha sido anticiparse. Buscar el fuero político como escudo frente a sanciones que podrían materializarse. No sería la primera vez que el poder se convierte en refugio. En el Huila aún se recuerda el cuestionado proceso mediante el cual su entonces pareja sentimental, Andrés Felipe Vanegas, fue elegido Contralor Departamental, una designación rodeada de comentarios sobre supuestos acuerdos políticos y presiones que hoy siguen siendo tema de conversación en la Asamblea.
Polémica
Las miradas también se posan sobre la Electrificadora del Huila. La llamada “vena rota” estaría relacionada con el rol del ingeniero Bladimir Solís Perdomo, esposo de la candidata y jefe de la división zona norte desde hace más de una década. Desde esa posición estratégica, con influencia en doce municipios, se definen estudios previos, contratos, ampliaciones de redes, transformadores y luminarias: justamente los bienes más apetecidos por comunidades rurales y, en tiempos electorales, altamente rentables en términos políticos. Las visitas conjuntas de Caviedes, Solís y cuadrillas técnicas despiertan sospechas sobre la frontera cada vez más difusa entre gestión institucional y campaña.
La gerente de la Electrificadora, Nika Cuéllar, ha sido señalada de guardar silencio y mirar hacia otro lado para conservar su frágil estabilidad en el cargo. Aunque Solís fue retirado recientemente de la subgerencia de distribución, su influencia y poder interno, según fuentes, se mantienen intactos.
El prontuario administrativo de Caviedes tampoco es menor. Como alcaldesa dejó cuentas por pagar superiores a $1.450 millones, una deficiente gestión en el cobro de impuestos que golpeó las finanzas municipales, contratos de vigilancia firmados después de ejecutados, y la compra de tapabocas durante la pandemia a precios que hoy resultan escandalosos. A esto se suman procesos por prevaricato, estafa de mayor cuantía, irregularidades en la legalización de un lote de más de 7.600 metros cuadrados y 14 hallazgos administrativos, fiscales y disciplinarios.
Los procesos fiscales superarían los $1.700 millones, incluyendo un detrimento de $200 millones en un convenio con el Fondo Mixto y otros $492 millones en convenios incumplidos. Cifras que pesan, que hablan y que contrastan con la narrativa de renovación que se intenta vender en tarima.
