El expresidente Álvaro Uribe Vélez, en compañía de varios generales retirados, presentó una propuesta para reforzar la seguridad en Colombia de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Durante una reunión celebrada el 13 de febrero, los asistentes estructuraron lo que denominaron una “gran política de seguridad” para abordar los desafíos actuales del país, especialmente en lo relacionado con la violencia y la creciente inseguridad.
Uribe expresó su profunda preocupación por varios factores que afectan el panorama de seguridad en Colombia. Entre las principales preocupaciones mencionadas estuvieron la escasez de efectivos en las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de los sistemas de inteligencia militar y lo que él percibe como una «inseguridad jurídica» que afecta a militares y policías. Según Uribe, la falta de claridad en los procesos judiciales y la incertidumbre legal son elementos que dificultan la efectividad de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen.
En este contexto, el exmandatario propuso la creación de un órgano alternativo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que garantice imparcialidad en los procesos judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. Según Uribe, la JEP no ha sido suficientemente justa en la protección de los derechos de los militares y policías que han actuado en el marco de la ley durante los conflictos armados.
Uno de los puntos centrales de la propuesta fue la importancia de fortalecer el liderazgo dentro de las instituciones castrenses. Uribe destacó que la destitución de numerosos generales ha tenido un impacto negativo en la cohesión y la efectividad de las Fuerzas Armadas. En su opinión, la falta de un liderazgo claro y estable ha mermado la capacidad de las instituciones para enfrentar los retos de seguridad en el país.
El ex presidente también recalcó la necesidad de mejorar la unidad y coordinación entre los militares activos y los retirados. Según Uribe, los oficiales retirados tienen una gran experiencia y conocimiento que podría ser de gran valor para mejorar la seguridad y el control territorial. Por ello, propuso establecer mecanismos de colaboración más estrechos entre estos dos grupos dentro de las Fuerzas Armadas.
La propuesta presentada por Uribe y los generales retirados ha generado opiniones divididas en la opinión pública y entre los analistas políticos. Mientras algunos apoyan la idea de fortalecer las instituciones militares y garantizar su seguridad jurídica, otros consideran que el enfoque debería centrarse más en la reforma integral del sistema de justicia y en mejorar las condiciones de los derechos humanos en el país. La propuesta, que se presentará de cara a las elecciones presidenciales de 2026, continuará siendo un tema de debate en los próximos meses.
