Con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá lista para ser notificada, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se encuentra a las puertas de un momento decisivo en el proceso judicial que lo enfrenta por presunto soborno de testigos y fraude procesal. El alto tribunal deberá definir si confirma o revoca la decisión de la jueza 44 penal del circuito, quien en mayo pasado negó la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía. Este fallo marcará el rumbo del caso más emblemático en la historia judicial del país, pues podría derivar en la primera imputación formal contra un expresidente de Colombia.
En los círculos políticos y judiciales, el ambiente es de alta expectativa. Si el Tribunal ratifica la negativa de preclusión, la Fiscalía estaría obligada a presentar un escrito de acusación, abriendo la puerta a un juicio público que pondría a prueba la solidez de las pruebas recopiladas durante más de una década. Por el contrario, si la decisión es revertida, Uribe recuperaría un respiro jurídico y político, interpretado por sus seguidores como una reivindicación de su inocencia y una victoria frente a lo que denominan una “persecución judicial”.
Mientras tanto, el expresidente mantiene una intensa actividad política y mediática, intentando reforzar su imagen de líder perseguido y consolidar respaldo en el electorado de derecha. El fallo del Tribunal, que podría conocerse en los próximos días, no solo impactará su futuro personal, sino también el mapa político colombiano en vísperas de las elecciones de 2026. Sea cual sea el desenlace, el caso Uribe seguirá siendo un punto de quiebre en la relación entre el poder político y la justicia en Colombia.
