La Corte Suprema de Justicia confirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez continuará en libertad mientras se adelanta la revisión en segunda instancia del proceso que se sigue en su contra por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. El alto tribunal rechazó una solicitud que buscaba revocar la decisión anterior que le permitió al exmandatario seguir su proceso judicial sin medidas privativas de la libertad. Según el pronunciamiento de la Corte, no se cumplen los requisitos jurídicos para ordenar una detención preventiva, ya que no existe evidencia de que Uribe represente un riesgo para la investigación ni para la sociedad mientras se desarrolla el proceso. Esta decisión ha generado diversas reacciones en el ámbito político y jurídico del país, en un caso que ha sido seguido con atención tanto por sus implicaciones legales como por su impacto en la opinión pública.
Aunque la decisión no implica una absolución, sí marca un hito importante en la estrategia de defensa del exmandatario, quien ha insistido en su inocencia y en que todo el proceso en su contra obedece a una persecución política. La Corte Suprema, sin embargo, fue enfática al señalar que el proceso debe seguir su curso con las garantías del debido proceso, pero sin medidas cautelares que puedan anticipar una sanción antes de un fallo definitivo. Este escenario también reaviva el debate sobre el uso de la detención preventiva en Colombia, especialmente en casos de alta connotación mediática, donde se exige un equilibrio entre la presunción de inocencia y la garantía de una justicia efectiva. Mientras tanto, el país permanece atento a los próximos pasos en este emblemático caso que involucra a una de las figuras más influyentes de la política reciente.
