En un sorpresivo pronunciamiento, el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que no considerará la posibilidad de ser fórmula vicepresidencial en las elecciones de 2026. Mediante un mensaje en su cuenta de X, Uribe fue enfático: “No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones”. El exmandatario también denunció una “politización en algunas instituciones” en medio del proceso judicial que enfrenta, calificándolo de injusto.
La declaración llega en medio de semanas de especulación política, después de que Tomás Uribe, hijo del exmandatario, planteara públicamente la opción de que su padre asumiera el rol de vicepresidente para fortalecer la oposición democrática frente al gobierno de Gustavo Petro. La propuesta fue apoyada por sectores del Centro Democrático, pero generó un intenso debate jurídico y político en el país.
Expertos constitucionalistas han evidenciado una profunda división sobre la viabilidad legal de una candidatura vicepresidencial de Uribe. Algunos sostienen que la Constitución no prohíbe explícitamente esta aspiración, mientras otros argumentan que la esencia misma del cargo de vicepresidente—reemplazar al presidente en caso de ausencia absoluta—haría inviable la postulación, por cuanto Uribe ya ocupó la Presidencia y estaría inhabilitado para ejercerla de nuevo.
El anuncio de Uribe representa un giro en el tablero político del Centro Democrático, que ahora enfoca sus energías en redefinir su estrategia electoral para 2026. Entre las alternativas más planteadas surge la opción de que Uribe lidere la lista al Senado, espacio desde el que, según analistas, podría seguir influyendo de manera determinante en la política nacional.
Mientras tanto, el proceso judicial que enfrenta el expresidente continúa marcando la agenda pública y condicionando los escenarios futuros. El posicionamiento de Uribe también sienta un precedente frente a la interpretación de las normas constitucionales y pone de manifiesto la necesidad de clarificar los límites de participación para quienes ya han ocupado la Presidencia de la República, reforzando así el debate de cara a las elecciones más polarizadas en la historia reciente de Colombia.
