Por solicitud de una fiscal de la Seccional Meta, un juez de control de garantías dispuso medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Henry Lozano Bohórquez, presuntamente, responsable de la construcción ilegal de viviendas.
Los hechos investigados ocurrieron en la vereda El Resguardo, municipio de Acacías, en límites con Guamal, donde, debido a las labores de policía judicial se logró evidenciar que el procesado, inició la construcción de una urbanización ilegal en un predio rural sin tener en cuenta normas ambientales.
La construcción que presuntamente realizó el implicado al no tener en cuenta las medidas ambientales para ejecutar su obra, produjo como consecuencia una afectación ambiental en las quebradas Colepato y La Raya.
Sumado a lo anterior, labores de policía judicial evidenciaron que la división de los lotes incumplió las normas establecidas para construir terrenos suburbanos y como si no fuera colmo, el implicado presuntamente también determinó que las construcciones se hicieran cerca las quebradas poniendo en peligro no solo el sector en un margen ambiental sino también de las personas que podían haber habitado el lugar.
Captura
Lozano fue capturado por el CTI de la Fiscalía en plena vía pública de la vereda Santa Teresita y presentado ante un juzgado de control de garantías para su judicialización.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó al detenido los delitos de urbanización ilegal y daño a los recursos naturales, los cuales no fueron aceptados.
Según lo estipula la ley 9 de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.
El código penal colombiano sobre los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente dicta que el que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales Incurrirá en prisión de sesenta 5 a 11 años de prisión sumado a una multa de 167 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
