La denuncia presentada ante la Procuraduría General de la Nación por el representante a la Cámara Julián David López Tenorio ha generado inquietud en distintos sectores políticos e institucionales. Según lo expuesto por su abogado, Mauricio Pava Lugo, un contratista de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) habría utilizado un correo institucional del Estado para enviar, de manera anticipada, una notificación disciplinaria interna del Partido de la U.
El señalado es Daniel Felipe Mantilla Avendaño, contratista de la UPME, quien el pasado 28 de octubre, a las 11:28 de la mañana, remitió un mensaje desde la cuenta oficial @upme.gov.co con asunto “Citación para notificación personal y solicitud de autorización para notificación electrónica CNDCE 010-2025”. En dicho correo se adjuntaba un documento del Comité Nacional de Disciplina y Control Ético del Partido de la U, en el que se anunciaba la apertura de una investigación interna y la imposición de una medida cautelar de suspensión provisional de la militancia, voz y voto del representante López.
Horas más tarde, a las 2:08 p.m. del mismo día, el Partido de la U envió desde su cuenta oficial el mismo comunicado, con idéntico contenido y adjunto. La coincidencia entre ambos mensajes ha sido interpretada como un hecho grave, pues el contratista habría anticipado una decisión partidista utilizando recursos públicos, lo que podría constituir una falta disciplinaria de carácter gravísimo.
El Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) establece que la utilización del cargo para participar en actividades de partidos o movimientos políticos es una falta gravísima. La norma también señala que los contratistas que ejercen funciones públicas deben cumplir los mismos estándares de moralidad, transparencia y neutralidad que los servidores de planta.
El representante López ha solicitado una investigación inmediata, objetiva y transparente, con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. En sus declaraciones, enfatizó que defenderá la institucionalidad y la neutralidad del Estado, recordando que ningún funcionario ni contratista puede intervenir en decisiones internas de un partido político utilizando recursos públicos.
La Procuraduría deberá establecer si existió una conducta irregular y si el uso del correo institucional de la UPME para transmitir un documento partidista constituye intervención política indebida. Mientras tanto, el caso abre un debate sobre los límites entre lo público y lo privado, y sobre la necesidad de preservar la confianza ciudadana en las instituciones
