Hace poco menos de tres meses, el Congreso aprobó una ley que otorga a los centros e institutos de investigación del país la facultad de ofrecer programas de maestría y doctorado. Se trata de la Ley 2142 de 2021 y desde su aprobación ha generado un gran malestar en el sector educativo, ya que estos títulos solo podrían ser expedidos por las universidades del país.
Por esta razón, el llamado Grupo de los 10 (G10), que agrupa a las universidades más importantes del país (U. de los Andes, de Antioquia, EAFIT, Externado de Colombia, Industrial de Santander, Javeriana, Nacional de Colombia, Pontificia Bolivariana, del Valle y del Norte) expresó este lunes su preocupación por la ley y pidió al Congreso su derogación.
En una reunión que se llevó a cabo en la Universidad Externado, los directivos del G10 expresaron su preocupación por la ley que fue promovida por el senador Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador, que en pocas palabras, le da la potestad a los institutos no universitarios y centros de investigación del país de tramitar y obtener registros calificados con los que pueden expedir maestrías y doctorados, así no sean instituciones de educación superior.
«Con esta ley corremos el riesgo de que sigan proliferando programas que no son de alta calidad, esto pone en riesgo la formación de capital humano en el país y por ende el crecimiento económico, la equidad, el bienestar y el progreso. Por esta razón, hemos acordado que es fundamental hacer un llamado para que esta ley no se apruebe como está en este momento», dijo Raquel Bernal Salazar, rectora de la Universidad de los Andes.
Según los comentarios realizados durante la reunión, esta ley podría conducir a la concesión de títulos de maestría y doctorado «de muy mala calidad». Néstor Osuna, asesor académico de la rectoría de la U. Externado de Colombia, resumió la preocupación de que con esta ley pueda haber «un número de doctores que probablemente no encontrarán empleo ni desarrollo profesional de acuerdo con sus expectativas».
Por eso, los directivos del G10 pidieron al Congreso derogar la ley antes de que los institutos y centros de investigación empiecen a expedir títulos de doctorado y maestría. «Decidimos solicitar al Congreso de la República la derogación de la ley porque consideramos que es una competencia constitucional de las instituciones de educación superior colombianas», dijo Hernán Porras Díaz, rector de la Universidad Industrial de Santander.
