Después de más de 40 horas de cautiverio, los 28 policías y un militar que fueron secuestrados por comunidades en el Cañón del Micay, en el sur del Cauca, han sido liberados. Los uniformados habían sido retenidos en el corregimiento de El Plateado, en medio de disturbios entre la población local y la fuerza pública.
El secuestro ocurrió cuando las comunidades del sector de La Hacienda, en protesta por la presencia militar, expulsaron a las tropas del Ejército y comenzaron a retener a los uniformados. La situación de tensión se prolongó por más de un día y medio, hasta que, en las últimas horas, los uniformados fueron trasladados desde La Hacienda hasta El Plateado, donde finalmente se confirmó su liberación.
La intervención de la Defensoría del Pueblo y la ONU fue crucial para la puesta en libertad de los policías y el militar. Ambas instituciones mantuvieron un diálogo constante con las comunidades implicadas, con el objetivo de calmar los ánimos y facilitar la liberación de los secuestrados.
Durante el tiempo de retención, las comunidades expresaron su rechazo a la militarización de la región, así como a las afectaciones que consideran genera el conflicto armado, especialmente en relación con la construcción de una hidroeléctrica en la zona y la erradicación forzada de cultivos ilícitos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó la retención de los uniformados y enfatizó que, conforme a la Constitución y la ley, solo las autoridades legítimas tienen la facultad de realizar detenciones. “Los únicos que pueden hacer retenciones son las autoridades legítimas acorde a la Constitución y la ley. Nadie puede retener a un servidor público o a otra persona; quien lo haga simplemente está violando la ley”, declaró Sánchez.
A pesar de las tensiones, la liberación de los uniformados representa un avance en la resolución del conflicto en la región, aunque persisten las preocupaciones sobre la seguridad y la situación social en el sur del Cauca. El gobierno y las instituciones continúan trabajando para garantizar la estabilidad y la protección de las comunidades, así como el cumplimiento de la ley en estos territorios.
