5 de septiembre de 2024 – La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encuentra en el centro de una nueva controversia relacionada con presuntas irregularidades en el gobierno del expresidente Iván Duque. Las acusaciones giran en torno al exdirector de la UNGRD, Eduardo ‘Mono’ González, quien está siendo investigado por su presunta implicación en casos de corrupción durante su gestión.
González, quien dirigió la UNGRD entre 2018 y 2022, enfrenta serias acusaciones que incluyen mal manejo de fondos, contratos irregulares y favoritismo en la adjudicación de proyectos. Según informes recientes, las investigaciones apuntan a que González habría favorecido a empresas vinculadas a familiares y amigos en la contratación de obras y servicios para la gestión del riesgo de desastres en Colombia.
La noticia ha suscitado una gran preocupación en el país, ya que la UNGRD desempeña un papel crucial en la coordinación de la respuesta a emergencias y desastres naturales. Las alegaciones de corrupción en esta entidad podrían tener implicaciones significativas para la transparencia y la eficacia en la gestión de crisis.
El gobierno actual ha señalado que está comprometido con una investigación exhaustiva y con la aplicación de la ley en caso de confirmarse las irregularidades. El presidente Gustavo Petro ha instado a las autoridades a llevar a cabo una revisión completa y a garantizar que cualquier acto de corrupción sea debidamente sancionado.
Por su parte, el ‘Mono’ González ha negado todas las acusaciones y ha asegurado que su gestión estuvo marcada por la transparencia y la legalidad. En declaraciones a la prensa, González afirmó que las investigaciones son infundadas y que se someterá a todas las instancias legales necesarias para aclarar su situación.
La situación está generando un debate público sobre la integridad en la administración pública y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en entidades gubernamentales. La investigación en curso buscará determinar la veracidad de las acusaciones y tomar las medidas adecuadas para asegurar la rendición de cuentas en la gestión pública.
