La decisión de declarar como organizaciones terroristas a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, la ‘Segunda Marquetalia’ y el Clan del Golfo representa un cambio significativo en la manera como el Estado colombiano enfrenta a estos grupos. Más allá de una categorización simbólica, esta calificación permite al Gobierno acceder a herramientas jurídicas y diplomáticas más contundentes, incluyendo cooperación internacional, sanciones económicas y fortalecimiento del aparato judicial. También envía un mensaje claro de que no se reconocerán estos actores como interlocutores políticos mientras mantengan su accionar violento.
Sin embargo, la medida también puede cerrar puertas a eventuales procesos de diálogo o sometimiento colectivo, ya que al ser tratados como grupos terroristas, su legitimidad como actores negociadores se desvanece. En el plano interno, la etiqueta refuerza el respaldo institucional para operaciones militares y policiales, pero plantea desafíos en términos de derechos humanos y garantías para las comunidades afectadas por el conflicto. La discusión ahora se centra en cómo equilibrar la ofensiva contra el crimen con una salida sostenible al conflicto armado.
