La gestión del exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, quedó nuevamente en el centro de la controversia pública tras la formulación de cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación, que lo señala por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante su mandato. La investigación disciplinaria apunta a posibles omisiones en la garantía de la prestación continua, oportuna y efectiva del servicio, en un contexto especialmente sensible para la población estudiantil.
De acuerdo con la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, el entonces mandatario habría fallado en asegurar la entrega regular de los kits de alimentación destinados a niños, niñas y adolescentes beneficiarios del PAE en la capital huilense. Las presuntas deficiencias se habrían presentado en varios periodos críticos del año 2021, afectando directamente la cobertura y continuidad del programa.
Investigación
Según el ente de control, los incumplimientos se evidenciaron entre el 11 de enero y el 7 de febrero, del 23 de febrero al 10 de marzo, del 30 de marzo al 13 de junio y, durante el segundo semestre académico, del 2 de septiembre al 18 de noviembre. Estos lapsos prolongados sin prestación adecuada del servicio habrían dejado a cientos de estudiantes sin las raciones alimentarias que esperaban, en medio de una coyuntura marcada por la emergencia sanitaria del covid-19.
El caso adquiere mayor relevancia política y social si se tiene en cuenta que el PAE se convirtió, durante la pandemia, en un soporte fundamental para muchas familias vulnerables. Para numerosos hogares, los kits alimentarios representaban no solo un complemento nutricional, sino una ayuda esencial para enfrentar la crisis económica derivada de las restricciones sanitarias.
La Procuraduría sostiene que la conducta atribuida a Muñoz Calderón podría constituir una vulneración al principio de eficacia de la función administrativa, al no garantizar que los recursos y contratos destinados al PAE cumplieran su finalidad social. En ese sentido, la presunta falta fue calificada provisionalmente como grave, cometida a título de culpa grave, lo que implica que no se habría actuado con la diligencia exigida para un cargo de tan alta responsabilidad.
Este proceso reaviva el debate sobre la gestión del exalcalde y el manejo de los programas sociales durante su administración, una etapa que ya había sido objeto de críticas por parte de sectores ciudadanos, veedurías y actores políticos locales. Para muchos, el PAE simboliza uno de los termómetros más sensibles de la capacidad administrativa de un gobierno, al involucrar recursos públicos, contratación estatal y la protección de derechos fundamentales de la niñez.
Mientras avanza el proceso disciplinario, el caso también pone bajo la lupa el papel de los controles internos y la supervisión contractual en la Alcaldía de Neiva durante 2021. La expectativa ahora se centra en el desarrollo de la investigación y en las explicaciones que pueda ofrecer el exmandatario frente a los señalamientos.
Más allá de las responsabilidades individuales, el episodio vuelve a dejar una pregunta incómoda en el escenario político local: ¿por qué un programa diseñado para proteger a los más vulnerables termina, una y otra vez, envuelto en polémicas administrativas? La respuesta, una vez más, quedará en manos de los organismos de control.
