La reciente ceremonia en Córdoba, en la que el presidente Gustavo Petro y el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso entregaron tierras a campesinos, ha sido duramente criticada por los habitantes locales, quienes califican el evento como una farsa. La entrega de más de 8.400 hectáreas, supuestamente destinada a las víctimas del conflicto, ha despertado fuertes sospechas y desconfianza.
Tensión
Los pobladores denuncian que las tierras confiscadas a exparamilitares están siendo asignadas de manera irregular a personas traídas en autobuses por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), muchos de los cuales no son originarios de la región y no representan a las víctimas reales. Esta situación, lejos de ser un acto de reparación, ha generado incertidumbre y temor en las comunidades afectadas por la presencia de individuos desconocidos que patrullan las zonas en motocicletas, lo que ha incrementado la tensión en la región.
Cuestionable
Por su parte, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, ha defendido el proceso argumentando que todo se ha hecho conforme a la ley, pero su gestión ha sido fuertemente cuestionada. Las críticas apuntan a un incumplimiento total entre las promesas hechas por el gobierno y la realidad sobre el terreno. Las tierras, que deberían ser restituidas a los legítimos dueños, están siendo entregadas a extraños sin vínculo con la zona, mientras los verdaderos campesinos y víctimas del conflicto se sienten una vez más marginados y olvidados.
Las comunidades locales, que llevaban años esperando justicia y reparación, se sienten traicionadas y han manifestado su descontento, exigiendo que se detengan estas adjudicaciones amañadas y se garantice una verdadera reparación.
Un desastre
La gestión de Harman como director de la ANT ha sido desastrosa. En lugar de cumplir con los compromisos de justicia social y restitución a las víctimas, ha permitido que un proceso tan importante como la entrega de tierras se vea empañado por irregularidades y falta de transparencia.
Harman ha desestimado las denuncias de irregularidades y la falta de transparencia en la asignación de tierras, lo que no solo demuestra su incapacidad para liderar una institución tan crucial para la reconciliación nacional, sino que también pone en tela de juicio su compromiso con las verdaderas víctimas del conflicto armado.
