El colapso del estadio Guillermo Plazas Alcid no fue una tragedia fortuita, sino el resultado directo de decisiones administrativas tomadas durante la alcaldía de Pedro Hernán Suárez. En 2014, su despacho autorizó un contrato de casi $20.000 millones —más $1.200 millones en interventoría— para intervenir la tribuna occidental, pese a que estudios técnicos advertían fallas graves que exigían un rediseño profundo y una inversión aún mayor. Aun así, la obra avanzó sobre bases endebles, ignorando alertas y acumulando irregularidades.
En agosto de 2016, el riesgo se materializó: la tribuna colapsó durante una fundida de concreto, dejando víctimas fatales, heridos y a Neiva sumida en la incertidumbre. La Contraloría calificó la estructura como “inservible y peligrosa”, y señaló un detrimento que supera los $12.600 millones. La justicia avanzó contra Suárez por peculado y contratación irregular, mientras que la Fiscalía ocupó bienes presuntamente vinculados al caso.
Consecuencias irreversibles
El daño trascendió lo judicial. Desde el derrumbe, el Plazas Alcid se convirtió en un ícono del abandono institucional. Nunca fue reparado, los nuevos estudios revelaron riesgos persistentes, y la Dimayor concluyó, en octubre de 2025, que el escenario no cumple condiciones mínimas de seguridad ni siquiera a puerta cerrada. El golpe final llegó este mes: sin garantías, el Atlético Huila anunció su traslado a Yumbo, rompiendo un vínculo de más de 30 años con la ciudad. Neiva paga hoy las consecuencias de una cadena de decisiones improvisadas que inició hace más de una década. No fue azar ni mala fortuna. Fue una responsabilidad política y técnica que marcó el destino del estadio, del equipo y de toda una afición.
