Traicionando el juramento de defender a la Patria, un soldado y un intendente pensionado de la Policía se involucraron en una tenebrosa red de tráfico de armas y municiones, las cuales terminaban en poder de grupos ilegales, como disidencias de las Farc en cuatro departamentos del país, así como de bandas delincuenciales en Bogotá.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, que desmanteló la red criminal de mercaderes de la muerte, los capturados se apoderaban ilegalmente de armamento y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Los elementos eran sustraídos de batallones en Bogotá, el Fuerte Militar de Tolemaida y la fábrica Indumil en Soacha, para después ser ofertados al peor postor.
Las autoridades quedaron de piedra cuando, en medio de los allanamientos, se encontraron un poderoso arsenal que más parecía un polvorín de cualquier guarnición que una caleta.
“En los operativos fueron incautados 20 salvoconductos vencidos, 3.184 municiones de varios calibres, 6 partes de fusil, 67 proveedores de diferentes tipos de armas, 13 pistolas, 16 rifles, 7 revólveres, 1 lanzagranadas, 1 subametralladora, 5 escopetas, 4 carabinas, 1 detonador eléctrico, 55 uniformes pixelados similares a los usados por las Fuerzas Militares y 45.000.000 de pesos en efectivo”, comunicó la Fiscalía.
Los investigadores establecieron que un soldado llamado Jhon Alexander Salgado Osorio era el encargado de extraer municiones, granadas y partes de fusiles para venderlas a través de intermediarios, mientras que Alberto Hernando Orozco Salcedo, intendente pensionado de la Policía, era quien reclutaba personas con acceso a Indumil para sustraer armas con permisos falsos.
La investigación también reveló que, para sacar los elementos de las guarniciones, la red empleaba salvoconductos vencidos con el fin de engañar a comercios legales de municiones, con lo que se facilitaba la venta ilegal de armamento que alimenta la violencia en regiones como Cauca, Tolima, Meta, Arauca y la capital del país.
Ante la abrumadora evidencia, todos los procesados no tuvieron otra opción que aceptar los cargos imputados por concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y municiones, y utilización ilegal de uniformes e insignias. Finalmente, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
