Las recientes revelaciones sobre la grave desfinanciación de las Fuerzas Armadas en Colombia han encendido las alarmas entre líderes de opinión, expertos en seguridad y sectores políticos, quienes acusan al presidente Gustavo Petro de estar debilitando la democracia del país.
Según un informe de la revista SEMANA, los recursos para la operación de las distintas ramas militares han disminuido drásticamente debido a los escasos giros efectuados por el Gobierno nacional. La situación amenaza la capacidad operativa de las tropas, en un contexto de creciente violencia en varias regiones y disputas entre grupos armados ilegales.
Las críticas más duras apuntan a que esta desfinanciación no sería un simple error administrativo, sino un plan deliberado para debilitar las instituciones armadas, lo que algunos han calificado como “un ataque a los pilares de la democracia”.
Diversas voces del sector defensa advierten que, sin un presupuesto adecuado, las Fuerzas Armadas quedarían sin capacidad para garantizar la seguridad en el territorio, dejando a la población más vulnerable ante las estructuras criminales.
Desde el Gobierno, por su parte, han argumentado que los ajustes presupuestales responden a una política de “transformación y humanización” de las fuerzas, alineada con la búsqueda de la paz total. Sin embargo, para los críticos esto no justifica la asfixia financiera a instituciones esenciales para el orden público.
El debate sigue escalando y se convierte en un nuevo punto de tensión entre el Ejecutivo y quienes defienden la integridad de las Fuerzas Armadas como garantes del Estado de derecho.