Según, Sergio Ramírez Tafur, docente programa de Economía de la Universidad de América y oficial de cumplimiento, en el escritorio de un oficial de cumplimiento —la persona responsable de analizar y mitigar riesgos legales, financieros y reputacionales en las operaciones de una empresa— llega una cuenta de cobro por servicios prestados por una expresidenta de un país. Su deber inmediato es clasificar a esa contraparte como una Persona Políticamente Expuesta (PEP), lo que activa de forma automática los protocolos de debida diligencia reforzada, dado el alto riesgo asociado a este tipo de figuras públicas.
Al iniciar la verificación en las listas internacionales de riesgo, encuentra su nombre en la Lista Clinton, oficialmente denominada Specially Designated Narcotics Traffickers (SDNT), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta lista incluye a personas naturales o jurídicas vinculadas con actividades como narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas o trata de personas.
A partir de ese hallazgo, el caso se convierte en una alerta crítica: ninguna entidad o individuo que opere legalmente dentro del sistema financiero global puede mantener relaciones comerciales o contractuales con una persona incluida en dicha lista. Esto implica que la expresidenta no solo no puede recibir el pago de la empresa, sino que queda prácticamente excluida del 90% del mercado mundial, dado que más de 200 países siguen los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF).
Sin embargo, el dilema ético y operativo persiste: la expresidenta ya prestó sus servicios, y su cliente desea honrar el compromiso. Pero surge una pregunta inevitable: ¿cómo pagarle a alguien que no puede tener una cuenta bancaria?
La respuesta es contundente: no hay forma legal. Todos los bancos con relaciones directas o indirectas con Estados Unidos están obligados a bloquear operaciones que involucren a personas incluidas en las listas de la OFAC. Esto significa que dicha persona tampoco puede mantener cuentas personales, recibir transferencias o participar en el sistema financiero formal. En consecuencia, su única alternativa sería recurrir al efectivo o incluso al trueque, con las consecuencias reputacionales y legales que ello implica para sus pagadores, quienes podrían ser investigados por presunto lavado de activos.
¿Qué pasaría si la inclusión ocurriera durante su mandato presidencial?
El escenario sería aún más complejo. Si una presidenta en ejercicio fuese incluida en la Lista Clinton, no existiría fuero alguno que la protegiera de las sanciones económicas internacionales. Su condición política no modifica las obligaciones del sistema financiero global. En ese caso, todos sus activos en bancos internacionales serían congelados, y cualquier pago oficial, incluyendo su salario como jefa de Estado, debería realizarse en efectivo o mediante mecanismos no bancarios.
Las consecuencias para el país
El impacto no recaería solo sobre la persona, sino sobre el país que representa. La inclusión de su mandataria en una lista de sanción internacional generaría un deterioro inmediato del riesgo país, ahuyentando la inversión extranjera, limitando el acceso a mercados internacionales y afectando la balanza comercial por la reducción del flujo de divisas. Además, el descrédito político y moral deterioraría las relaciones diplomáticas, científicas y culturales, generando un aislamiento progresivo frente a otras naciones y organismos multilaterales.
En otras palabras, una decisión individual podría derivar en un costo colectivo enorme: pérdida de confianza, sanciones financieras, caída de inversión y afectación de la imagen internacional del país.
La decisión final
El informe del oficial de cumplimiento sería breve, pero contundente:
“Esta relación comercial no es viable, dado que la beneficiaria del pago se encuentra incluida en una lista internacional de riesgo, lo que representa una amenaza grave para la reputación y estabilidad financiera de la empresa”.
En un mundo interconectado, donde la transparencia y la trazabilidad son los nuevos pilares de la economía, los oficiales de cumplimiento se han convertido en guardianes silenciosos de la reputación empresarial. Y casos como este recuerdan que ningún cargo, por alto que sea, está por encima de la ley ni de las normas internacionales que rigen la confianza en los mercados.
