En un contexto marcado por crecientes desafíos sociales y económicos, el representante a la Cámara por el Tolima, Alejandro Martínez Sánchez, ha hecho un llamado contundente a reformar el Sistema General de Participaciones (SGP). Según el congresista, esta reforma es un acto de “justicia fiscal y responsabilidad administrativa” que garantizaría a las regiones los recursos necesarios para atender sectores fundamentales como educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
Martínez Sánchez propone incrementar las transferencias del 22% actual al 39.5%, una medida que, según él, es indispensable para enfrentar las crecientes demandas de las comunidades en todo el país. “Cada día surgen nuevos problemas que las alcaldías y gobernaciones deben atender, pero los recursos asignados no son suficientes para resolverlos de manera efectiva. Incrementar el porcentaje del SGP es una cuestión de equidad territorial y sostenibilidad administrativa”.
El representante destacó que el actual esquema del SGP limita la capacidad de las entidades territoriales para ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. En sectores como educación, los recursos asignados no alcanzan para garantizar infraestructura adecuada ni programas de calidad, especialmente en áreas rurales. De manera similar, en salud, el aumento de las necesidades básicas no cubiertas pone en riesgo la prestación de servicios esenciales.
La propuesta del representante ha generado un debate en el Congreso de la República. Mientras algunos sectores políticos apoyan la reforma, argumentando que es un paso crucial hacia la descentralización efectiva y la equidad regional, otros advierten sobre los retos fiscales que podría implicar para la Nación.
