Un juez administrativo ordenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) abstenerse de ejecutar el embargo por más de 1,3 billones de pesos contra la Refinería de Cartagena (Reficar), medida que había generado preocupación en el sector energético e industrial del país. La decisión, de carácter provisional, busca evitar afectaciones en la operación financiera y productiva de la empresa mientras se revisa a fondo la legalidad del acto administrativo que dio origen al proceso de cobro.
Según fuentes jurídicas, la determinación se basa en la necesidad de garantizar el debido proceso y prevenir un eventual impacto económico que podría trasladarse a Ecopetrol y a la cadena de suministro de combustibles. El juez consideró que el embargo podría comprometer la estabilidad operativa de la refinería, por lo que resultaba indispensable suspenderlo mientras se analizan los argumentos de Reficar, que cuestiona el cálculo y la metodología utilizada por la autoridad tributaria en la liquidación del presunto impuesto adeudado.
La DIAN, por su parte, deberá presentar la documentación que sustenta su actuación y esperar que el tribunal avance en la revisión del caso. Expertos en derecho fiscal señalan que este tipo de decisiones no anulan la acción de cobro, pero sí obligan a un escrutinio más riguroso para determinar si hubo errores o interpretaciones discutibles en el procedimiento. Mientras se define el fondo del litigio, Reficar continúa operando con normalidad, a la expectativa de un fallo que podría marcar un precedente en los procesos tributarios de grandes compañías en el país.
