Un año después de la jornada electoral del 29 de octubre de 2023, donde se eligió a la alcaldesa de Ibagué, ha surgido un escándalo en torno a la desaparición de una denuncia formal por presunta corrupción presentada ante la Fiscalía General de la Nación. La queja, registrada en su momento ante los medios de comunicación, fue presentada por ciudadanos que señalaron irregularidades en el proceso electoral. Sin embargo, al día de hoy, no existe rastro de esta denuncia en el sistema de la Fiscalía, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la integridad del proceso de investigación.
Según fuentes cercanas al caso, el último funcionario en tener contacto con la denuncia habría sido Juan Carlos Pinzón Quiñones, director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Tolima. Pinzón estaba a cargo de verificar las pruebas entregadas, que, según los denunciantes, eran abundantes y sustanciales. Estas pruebas, que sumaban cientos de documentos y testimonios, buscaban evidenciar posibles actos de corrupción en las elecciones locales.
La desaparición del expediente ha sido catalogada por algunos sectores como un «acto de magia» dentro de la Fiscalía, ya que el proceso simplemente dejó de figurar en los archivos oficiales sin explicación alguna. La comunidad y los líderes locales han exigido claridad sobre las circunstancias que llevaron a la pérdida de esta documentación crítica, señalando que esto podría representar una grave falla en el sistema judicial.
Una vez la actual mandataria Johana Aranda llegó al poder, se desconoció el rumbo del proceso judicial.
El director del CTI, Juan Carlos Pinzón Quiñones, se encuentra en el centro de las críticas, pues se espera que entregue una explicación de lo ocurrido. Hasta el momento, Pinzón no ha ofrecido declaraciones públicas al respecto, lo que ha incrementado la presión de la opinión pública para que se esclarezca el paradero de la denuncia y las razones de su desaparición.
El caso también ha generado inquietud entre autoridades y organismos de control a nivel nacional, quienes cuestionan la posible existencia de intereses que puedan haber obstaculizado el avance de esta investigación. Las preguntas sobre la transparencia en la gestión de denuncias en la Fiscalía han vuelto a tomar relevancia, y sectores políticos y civiles han solicitado una auditoría exhaustiva para determinar si hubo manipulación en el archivo de esta queja. Por el momento, el caso sigue sin resolver, y se espera que las autoridades superiores de la Fiscalía General de la Nación tomen cartas en el asunto para garantizar que los procesos de denuncia y justicia electoral no se vean comprometidos. La ciudadanía de Ibagué, preocupada por la posible corrupción en sus instituciones, sigue a la espera de respuestas y una resolución definitiva.
