La Vía Panamericana, arteria vital para el suroccidente del país, ha vuelto a ser escenario de un bloqueo total e indefinido. Diversas organizaciones sociales y comunidades locales han tomado el control de varios puntos de la carretera, con un ultimátum claro para el Gobierno Nacional: solo levantarán el cierre con la presencia de ministros que se comprometan a una mesa de diálogo y a la resolución de demandas históricas.
El motivo de la protesta, según los líderes comunitarios, es la falta de cumplimiento de acuerdos previos y la inacción del Estado frente a problemáticas crónicas como la falta de inversión, los conflictos por la tierra y la creciente inseguridad en la región. El mensaje es contundente: no aceptarán delegados de menor rango y exigen la presencia de altos funcionarios para garantizar que las soluciones sean efectivas y se cumplan a cabalidad.
Este nuevo bloqueo ha paralizado por completo el tránsito de personas y mercancías, generando un caos que afecta a miles de viajeros y, de prolongarse, podría causar un desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas en varios municipios. La situación de tensión es alta y se espera una pronta respuesta por parte del Gobierno, que ahora enfrenta una presión aún mayor para resolver el conflicto y evitar una escalada de la crisis humanitaria y económica en el Cauca.
